Pese a ser un eje central de su promesa de campaña, la Segpres confirmó que no se realizará la licitación internacional debido a la escasez de recursos. En su lugar, el Ejecutivo activó un Comité Estratégico para liderar una revisión interna exhaustiva del Estado.
El Gobierno del Presidente José Antonio Kast ha decidido dar un paso atrás en una de sus medidas más emblemáticas de la carrera presidencial: la auditoría externa total al Estado realizada por firmas internacionales de primer nivel. La administración confirmó que la licitación para este proceso fue desestimada, argumentando una «estrechez fiscal» y falta de recursos para financiar un peritaje de esa magnitud.
La promesa original, que buscaba identificar sobreprecios y redes de operadores políticos mediante consultoras de clase mundial, será reemplazada por un mecanismo de control propio. Según trascendió, la decisión se tomó tras evaluar el complejo escenario financiero que enfrenta el país al inicio de este periodo de gobierno.
El plan original: Los cuatro pilares de campaña
Durante la campaña, el equipo de Kast había delineado una hoja de ruta estricta que hoy queda parcialmente modificada. El compromiso incluía:
- Auditoría Total al Estado: Revisión de cada ministerio, subsecretaría y empresa pública.
- Transparencia absoluta: Publicación íntegra de hallazgos y envío de antecedentes al Congreso.
- Comité de Seguimiento: Ejecución de medidas correctivas y procesos judiciales.
- Revisión de contrataciones: Fiscalización de todos los contratos a honorarios y contrata de los últimos 12 meses para detectar «contrataciones políticas».
La alternativa: Revisión interna a contrarreloj
Para suplir la ausencia de firmas externas, el pasado viernes 20 de marzo se constituyó formalmente el Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal. Esta instancia, liderada por la subsecretaria de la Segpres, Constanza Castillo, tiene la misión de conducir una inspección interna que ya está en marcha.
El comité ha ordenado a todos los servicios públicos remitir, en un plazo máximo de 17 días, información detallada sobre el uso de recursos fiscales entre el año 2025 y el 11 de marzo de 2026. El objetivo es generar un informe radiográfico de la situación actual del Estado antes de que termine el primer semestre.
«Estamos trabajando con rapidez y con transparencia de cara a la ciudadanía», afirmó la subsecretaria Castillo, quien integra esta mesa junto a los subsecretarios Máximo Pavez (Interior), Juan Pablo Rodríguez (Hacienda), el director de Presupuestos Juan Pablo Gómez y representantes del gabinete presidencial.
Detalles de la nueva estrategia:
- Motivo del cambio: Escasez de recursos fiscales para contratar firmas extranjeras.
- Plazo de entrega: 17 días para que los servicios entreguen su información.
- Periodo auditado: Desde enero de 2025 hasta el cambio de mando en marzo de 2026.
- Objetivo: Conocer el «estado real de la nación» bajo estándares internos de control.
