El titular de Justicia devolvió las nóminas a 17 Cortes de Apelaciones tras detectar nombres de parientes de funcionarios y postulantes repetidos. La medida busca anticiparse a la nueva reforma que busca limpiar de «pitutos» el sistema registral chileno.
En un movimiento clave para la transparencia del sistema de ministros de fe en Chile, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, tomó la determinación de rechazar 34 ternas para cargos de notarios y conservadores de bienes raíces. La decisión, que afecta a 17 Cortes de Apelaciones a lo largo del país, responde a la detección de nombres que vulneran el espíritu de la nueva Ley N° 21.772.
Pese a que las nóminas cumplen con la legislación aún vigente, el Ministerio de Justicia argumentó que muchos de los postulantes incluidos poseen vínculos de parentesco con autoridades judiciales o se desempeñan actualmente como interinos, prácticas que quedarán estrictamente prohibidas una vez que la reforma al sistema notarial entre en vigencia el próximo mes de abril.
Cifras de un sistema en cuestionamiento
El oficio enviado por el Ejecutivo detalla que la situación es crítica en las principales jurisdicciones del país:
- Santiago: Se solicitó la revisión de ocho ternas.
- Valparaíso: Se devolvieron seis ternas para su reevaluación.
- Duplicidad: Se detectaron casos de postulantes que figuraban en múltiples concursos simultáneamente o nombres repetidos en listas enviadas por distintas cortes.
El fin de las «malas prácticas»
Desde el ámbito de la probidad, expertos como Marcelo Drago y Francisco Leturia (ambos expresidentes del Consejo para la Transparencia) valoraron la firmeza del ministro. Los especialistas coincidieron en que es fundamental priorizar la meritocracia y las capacidades técnicas por sobre el nepotismo histórico que ha caracterizado estos nombramientos.
El Ministerio de Justicia subrayó que no es «recomendable» nombrar a personas que, aunque legalmente aptas hoy, infringirían las nuevas exigencias éticas en pocas semanas. Con este rechazo, se envía una señal clara a los tribunales de alzada: el proceso de selección debe ajustarse a los nuevos estándares de fe pública y transparencia.
