Este viernes 19 de diciembre se dio inicio a la formalización de 70 imputados, entre ellos 47 funcionarios de Gendarmería y 23 civiles, detenidos en el marco de la Operación Apocalipsis, una investigación de gran escala que permitió desarticular una red de corrupción penitenciaria activa desde 2020.
Según expuso la Fiscalía durante la audiencia, los acusados integraban un sistema criminal estructurado que operaba principalmente en los penales de San Joaquín y Santiago 1, donde se controlaba el ingreso, circulación y comercialización de bienes ilegales o regulados, mediante cobros sistemáticos a internos y sus familiares.
La indagatoria identificó la existencia de nueve organizaciones criminales diferenciadas, cada una con roles definidos, liderazgos claros y participación directa de funcionarios públicos. Estas estructuras permitieron instalar un mercado ilícito permanente al interior de los recintos penitenciarios.
Entre las prácticas detectadas figura el denominado “Delivery”, mecanismo mediante el cual internos solicitaban a gendarmes el ingreso de drogas, objetos prohibidos u otros productos, a cambio de dinero o favores. A ello se sumaba “La Feria”, modalidad que consistía en el cobro de sumas elevadas y abusivas por permitir el ingreso de bienes.
La investigación también reveló “El Rescate”, práctica en la que funcionarios omitían denuncias durante allanamientos, incautaban especies y luego las revendían a los propios internos u otros reclusos. Finalmente, el “Cambio de Camiseta” permitía reubicaciones irregulares de módulo a cambio de pagos.
Las nueve organizaciones fueron identificadas bajo los nombres de La Dora, Las Chilenas, Los Colombia, La Boliviana, Del Héctor Pérez, La Maribel, Mario Soto, Luis Salamanca y Luis Olivos, todas con presencia en Santiago 1 y, en algunos casos, con ramificaciones en San Joaquín. Cada grupo contaba con jefes de manillas, intermediarios externos y gendarmes colaboradores, quienes facilitaban y protegían las operaciones ilícitas.
A los imputados se les atribuyen delitos como asociación criminal, cohecho, soborno reiterado y tráfico de drogas, entre otros, en un caso que la Fiscalía calificó como uno de los golpes más relevantes contra la corrupción penitenciaria de los últimos años.
La audiencia de formalización continuará en los próximos días, mientras el Ministerio Público solicita medidas cautelares de alta intensidad, dada la gravedad de los hechos y el carácter organizado y prolongado de la red investigada.
