La Contraloría General de la República (CGR) presentó su informe «Principales resultados de fiscalización» correspondiente al período comprendido entre abril de 2024 y marzo de 2025. En dicho informe, se destacan las observaciones de mayor relevancia detectadas en las auditorías e investigaciones especiales ejecutadas por la CGR durante el período.
Según el informe, se detectaron irregularidades por un total de $1.505.707.732.640, lo que equivale a más de $1,5 billones. Estas irregularidades se encontraron en diferentes sectores, incluyendo municipal, medio ambiente, defensa, justicia y derechos humanos, hacienda, empresas, desarrollo social, interior, educación, vivienda y urbanismo, salud, infraestructura, entre otros.
La CGR realizó un total de 792 auditorías durante el período, de las cuales 771 correspondieron a auditorías de cumplimiento y 21 a auditorías financieras. De estas auditorías, se identificaron observaciones que constituyen la manifestación formal de una situación en la que se ha detectado un incumplimiento de leyes, reglamentaciones, normas o manuales.
Entre las acciones derivadas de las auditorías, se encuentran procedimientos disciplinarios, sumarios administrativos, investigaciones sumarias, restituciones, reparos, denuncias al Ministerio Público y remisiones a otros órganos de la Administración del Estado.
El informe destaca que las irregularidades detectadas corresponden a operaciones del ejercicio 2023 o anteriores, y que las fiscalizaciones fueron realizadas principalmente durante el año 2024. La CGR hace un llamado a la ciudadanía a estar informada sobre los resultados de las fiscalizaciones y a exigir transparencia y accountability en la administración pública.
DETALLES DEL INFORME:
– Período comprendido: abril de 2024 a marzo de 2025
– Número de auditorías realizadas: 792
– Irregularidades detectadas: $1.505.707.732.640
– Sectores afectados: municipal, medio ambiente, defensa, justicia y derechos humanos, hacienda, empresas, desarrollo social, interior, educación, vivienda y urbanismo, salud, infraestructura, entre otros.
– Acciones derivadas: procedimientos disciplinarios, sumarios administrativos, investigaciones sumarias, restituciones, reparos, denuncias al Ministerio Público y remisiones a otros órganos de la Administración del Estado.
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