Este miércoles, el fiscal nacional, Ángel Valencia, abrió de oficio una investigación penal prioritaria ante el ingreso irregular de menores de edad extranjeros a Chile, luego de que se denunciara en la prensa la falta de rastro de los infantes ingresados entre enero y abril de 2025. El Ministerio Público adoptó la medida con el fin de esclarecer el destino de los niños y unificar los antecedentes con causas previas que indagan posibles redes de tráfico humano en la Fiscalía Centro-Norte.
El fiscal nacional, Ángel Valencia, confirmó el inicio de las diligencias institucionales informando que «efectivamente, el día de hoy, de oficio, es decir, de propia iniciativa, abrimos una investigación para investigar estos antecedentes que han sido publicados hoy en la prensa, en los medios de comunicación«.
La máxima autoridad del Ministerio Público, Ángel Valencia, detalló la reasignación del caso hacia la capital señalando que «quisiera hacer presente que esta investigación fue remitida a la Fiscalía Centro-Norte. La Fiscalía Centro-Norte ya llevaba adelante una investigación por hechos distintos, pero que tienen algún grado de similitud«.
COINCIDENCIA DE CAUSAS Y TRASFONDO DELICTIVO
La indagatoria penal sumó una denuncia del Servicio Nacional de Migraciones y aborda las alertas sobre el uso de agencias de viajes y vuelos con operaciones en Santiago.
El jefe nacional del ente persecutor, Ángel Valencia, aclaró los alcances temporales de las pesquisas respecto a denuncias de periodos anteriores precisando que «si no me equivoco, es una causa que se inicia en 2024, pero no creo que nos lo relevante si es 2023 o 2024. Según me ha explicado el fiscal regional Jasir, no son exactamente los mismos hechos, son hechos similares«.
El fiscal nacional, Ángel Valencia, argumentó la decisión de centralizar los recursos en una sola línea de trabajo expresando que «pese a que es una investigación que ya está en curso, nos ha parecido más razonable que la investigación siga a cargo de ese equipo investigativo. No quisiera especular respecto a si están o no están íntimamente relacionados«.
PARADERO DESCONOCIDO Y AUTORÍAS CRIMINALES
El escenario por el desconocimiento del paradero actual de los menores representa el foco más urgente de las pericias de la fiscalía superterritorial.
La autoridad máxima de la Fiscalía, Ángel Valencia, enfatizó la prudencia con la que se manejarán las hipótesis del caso sosteniendo que «insisto que según me ha señalado el Fiscal Jasir, no son necesariamente los mismos hechos, pero son hechos similares, y nos parece preferible entonces que remitir esos antecedentes a esa fiscalía«.
El fiscal nacional, Ángel Valencia, concluyó fijando las metas esenciales del proceso penal al manifestar que «¿se sabe dónde están? Es parte de lo que la investigación tiene que establecer. La investigación tendrá que determinar cuáles son los hechos ocurridos, la cantidad de personas que se verían afectadas. Quisiera insistir sobre este punto: si se han cometido o no se han cometido delitos, y en caso de que haya ocurrido, quiénes son sus autores«.
CRISIS MORAL EN EL ESTADO
El avance de los antecedentes penales provocó una inmediata reacción de la Iglesia Católica debido a la vulnerabilidad extrema que rodea la desaparición de los infantes en el territorio nacional.
El arzobispo de Santiago, Cardenal Fernando Chomali, expuso su profunda indignación a través de sus plataformas digitales oficiales sentenciando que «Chile tiene derecho a saber qué pasó con los niños haitianos. Si se comprueba que hubo tráfico de menores, significa que la corrupción caló en lo más profundo del Estado. Es hora de demostrar lo contrario, con investigaciones que lleguen hasta el fondo y sanciones ejemplares. Estamos frente a la máxima expresión de la crisis moral en Chile«.
