El Juzgado de Aviación ha resuelto declararse incompetente para continuar con la investigación del presunto tráfico de drogas descubierto en la Base Aérea «Los Cóndores» de Iquique. El caso involucra a al menos cinco personas, entre ellas funcionarios vinculados a la Fuerza Aérea de Chile (FACH), quienes fueron detenidos por su presunta participación en el intento de traslado de drogas en un avión institucional desde Iquique a Santiago.
La investigación se inició el pasado 3 de julio, cuando autoridades detectaron una maleta con sustancias ilícitas que iba a ser embarcada en un vuelo institucional. La droga había sido introducida en la Base Aérea «Los Cóndores», lo que motivó la inmediata apertura de una investigación por parte de la Fiscalía de Aviación.
Sin embargo, tras un análisis de los hechos y el marco legal aplicable, el tribunal castrense concluyó que no le correspondía continuar con la causa. Las razones detrás de la incompetencia se fundamentan en tres pilares jurídicos centrales: el delito comenzó fuera del ámbito militar, la red criminal operaba fuera de la FACH y había participación de civiles. El Juzgado de Aviación estableció que la ejecución del delito se originó en un domicilio particular, no en un recinto militar ni en el contexto de un acto de servicio.
El fallo también señala que la estructura criminal dedicada a la obtención y traslado de drogas no era parte de la Fuerza Aérea, sino que operaba desde la ciudad de Santiago y habría incorporado a los procesados solo para facilitar el transporte ilícito desde el norte a la capital. Esto refuerza la idea de que el delito afectaba un bien jurídico común -la salud pública- y no uno exclusivamente militar, como lo exigen las normas castrenses para ejercer jurisdicción.
Con todos estos antecedentes, el Juzgado de Garantía de Iquique aceptó la competencia sobre la causa, instruyendo a la Fiscalía Local que asumiera la investigación y citando a los intervinientes a una audiencia de formalización para el 15 de julio.
Los imputados fueron trasladados a unidades penitenciarias de Gendarmería, ya que los recintos militares no cuentan con las condiciones de seguridad necesarias para asegurar la privación de libertad en delitos de alta gravedad como el narcotráfico.
La decisión del Juzgado de Aviación reafirma los límites que la legislación chilena impone a la justicia militar y enfatiza que el crimen organizado debe ser enfrentado con las herramientas del sistema penal ordinario, sobre todo cuando involucra estructuras ajenas a las Fuerzas Armadas.
El caso sigue su curso en la justicia ordinaria, y la Corte Marcial deberá pronunciarse sobre los recursos de apelación pendientes por la defensa de algunos imputados.
