Previo a comenzar el fin de semana y en el marco de una investigación de diez meses, la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía de Arica formalizó a diez imputados, cinco de ellos funcionarios de la Dirección Regional de Vialidad, por diversos delitos de corrupción pública, al establecerse que recibieron pagos ilícitos para fiscalizar y aprobar distintas obras públicas en esta ciudad y adjudicarse obras mediante una empresa de fachada.
El trabajo investigativo, desarrollado junto a la Brigada de Delitos Económicos de la PDI Arica, también permitió detener a ejecutivos y trabajadores de una empresa constructora que se adjudicó distintas obras.
La investigación estableció que en su calidad de fiscalizadores de obras y contratos y otros roles al interior de Vialidad, los imputados favorecieron a las constructoras que ejecutaban trabajos en Arica, recibiendo pagos por ello.
Uno de los hechos investigados corresponde a los trabajos de mejoramiento de la calle Guillermo Sánchez, ejecutados por la constructora F.V. En este contexto, se estableció que la fiscalizadora de Vialidad de iniciales L.M.H., y su cónyuge C.D.H., conformaron la sociedad DELMEDH SPA, adjudicándose una obra menor de este proyecto (pavimentación de un puente en ese sector), cobrando la suma de $49.739.148 pesos. Sin embargo, los imputados subcontrataron a una tercera empresa que fue la que finalmente ejecutó los trabajos y que cobró la suma de 32.130.001 pesos.
De esta forma, el matrimonio se quedó con la diferencia de ambos montos (17.609.147 pesos). Toda esa acción ilícita fue concertada y aprobada además por el fiscalizador general del contrato y amigo de ambos G.L.F.
Los imputados repitieron la misma acción, pero esta vez en el marco de los trabajos de reparación y remodelación de la ruta A-27 de acceso al Valle de Azapa, adjudicada también a la empresa Constructora F.V. Así, la firma DELMEDH SPA, se adjudicó una obra menor de modificación de cámaras de alcantarillado, por un monto de $86.632.000 de pesos. Sin embargo, el trabajo fue realizado por una tercera firma que solo cobró $35.500.000 pesos.
En el caso de los otros funcionarios públicos se estableció que recibieron distintos pagos por parte de las constructoras, para favorecerlas y manipular los reportes de inspección y cumplimiento de los contratos. En tanto, los ejecutivos y trabajadores de la empresa San Felipe realizaron distintas maniobras para concretar estos traspasos, entre ellos la transferencia de dinero a la cuenta corriente de la cónyuge de uno de los inspectores, a fin de disimular su origen ilícito.
Los imputados están siendo formalizados por delitos de fraude al fisco, cohecho, soborno y lavado de activos.
