El fiscal Héctor Barros aseguró que el secuestro y homicidio del exteniente venezolano, Ronald Ojeda, fue un crimen por motivos políticos.
Registros inéditos de la investigación que lleva a cabo el Ministerio Público por el crimen, el fiscal jefe del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios de la Fiscalía (ECOH) respaldó la tesis, asegurando que el homicidio del exmilitar opositor fue “solicitado desde Venezuela”.
“Nosotros sostenemos que esto se organizó y se solicitó el secuestro y posterior homicidio desde Venezuela”, sostuvo el persecutor.
Ronald Ojeda fue secuestrado desde su departamento en Independencia por un grupo de sujetos que se hicieron pasar por funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI) durante la madrugada del 21 de febrero.
Las autoridades levantaron una investigación de carácter reservado y luego de nueve días de desaparición, efectivos de la PDI detuvieron al joven de 17 años y, posteriormente, hallaron los restos del exmilitar enterrados bajo una capa de cemento de 1,40 metros de profundidad, los cuales estaban en un campamento de Maipú, en la Región Metropolitana.
ANTECEDENTES
En marzo, tras la audiencia de formalización ante un tribunal de garantía del hasta ahora único detenido en el caso, un joven venezolano de 17 años, el fiscal vinculó la ejecución al Tren de Aragua, una banda que surgió en Venezuela y que opera desde 2022 en varias regiones de Chile.
Pero siempre había sido una incógnita quién ordenó el crimen y se sospechó –sobre todo la familia de Ojeda y sectores disidentes venezolanos– de una operación del Gobierno de Maduro.
Barros destacó que el hombre que aparece en los vídeos aparece tomando del cuello de Ojeda, tiene, a su juicio, una preparación especial. “Dado que esos vídeos han salido públicamente, solo puedo decir que yo he llegado al menos a la conclusión de que la persona que traslada a la víctima efectivamente es una persona que tiene preparación y que tiene una condición distinta a los demás partícipes”, sostuvo el fiscal.
¿Podría ser un militar? “Eso no lo sé. Lo que puedo asegurar es que es una persona extranjera”. Al investigador se le consultó si se trata de una persona con preparación para secuestrar y el fiscal ECOH respondió: “De acuerdo a la percepción del vídeo, al parecer sí”.
RELACIONES DIPLOMÁTICAS ENTRE CHILE Y VENEZUELA
Las declaraciones del fiscal se producen luego de que el Gobierno del presidente Gabriel Boric recibió en La Moneda a la viuda de Ojeda, Josmarghy Castillo. Es un gesto que la Administración chilena no había realizado hasta ahora, justamente, porque no eran evidentes las razones detrás del asesinato.
El Ejecutivo de Boric, coincidentemente, ha endurecido esta última semana el tono frente a la Administración de Maduro luego de que su canciller, Yván Gil, señaló el lunes que el Tren de Aragua es “una ficción mediática internacional” y que incluso existen vídeos de personas “con acento chileno y peruano” que afirman ser parte de la organización.
Tras los dichos de Gil, Boric resolvió la mañana de este jueves llamar a consulta el embajador de Chile en Venezuela, el socialista Jaime Gazmuri, justamente en las horas en que las declaraciones de la Fiscalía chilena apuntan al móvil político tras el asesinato de Ojeda.
“Las recientes afirmaciones irresponsables del canciller de Venezuela, que desconocen la existencia del Tren de Aragua, un grupo criminal conocido por sus actividades ilícitas en Chile y en toda la región de Sudamérica, son profundamente preocupantes y constituyen un grave insulto para quienes han sido víctimas de esta organización y para sus familias, y lo tomamos como un insulto también a los Estados que han sido víctimas del Tren de Aragua”, señalo Boric.
Y agregó que no solo se demuestra “una falta de compromiso con la cooperación internacional necesaria en materia de seguridad, sino que también demuestra una negativa a abordar de manera efectiva los problemas transnacionales del crimen organizado”.
Chile repuso su embajador en Venezuela recién en mayo pasado tras cinco años de ausencia. Lo que ha dicho esta noche de jueves el fiscal Barros, sobre el móvil político, tensa todavía más la relación diplomática entre ambos países. En la oposición y en sectores del oficialismo chileno se preguntan, efectivamente, si fue una buena opción reestablecer la relación, dado lo compleja que ha sido la misión en Caracas encabezada por el experimentado político socialista chileno Jaime Gazmuri.
MONSALVE: SIN COLABORACIÓN DE VENEZUELA NO SE PODRÁ CUMPLIR CON LAS EXPULSIONES
El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve (PS), acusó que la falta de colaboración del régimen de Nicolás Maduro le ha dificultado a Chile la expulsión de ciudadanos venezolanos, decretadas tanto por la vía administrativa como judicial, fueren por haber ingresado irregularmente o haber cometido delitos en nuestro país.
Tras el crimen del teniente de Carabineros Emmanuel Sánchez, ocurrido anoche en un tiroteo en la comuna de Quinta Normal, la autoridad confirmó que Julio César González, el venezolano que también fue abatido en el suceso, mantenía una orden de deportación desde hace cuatro años.
Monsalve precisó que el delincuente había ingresado a Chile por un paso clandestino en 2019, «antes de que llegáramos al Gobierno», lo que «demuestra que este problema no es solo de este Gobierno, es un problema que ha cruzado gobiernos».
«Hay algunos que se olvidan que para expulsar a un ciudadano venezolano no sólo se requiere encontrarlo, para lo que hemos modificado la ley. Se requiere tener autorización del gobierno venezolano para entrar a su espacio aéreo, y se requiere que el gobierno venezolano previamente haya corroborado su identidad», explicó.
«El interés del Gobierno (chileno) es expulsar. Hemos destinado recursos a la expulsión, hemos cambiado las leyes para expulsar», enfatizó, «pero -reprochó- sin la colaboración decidida del gobierno venezolano, es muy difícil que Chile pueda cumplir los objetivos materiales de expulsar».
Una dificultad que ha afrontado Chile tiene relación con las expulsiones de venezolanos, dado que ha habido resistencia en Venezuela para recibir los vuelos chárter de la Fuerza Aérea chilena con ese fin. Ante ello, el Ministerio del Interior ha tenido que optar por vuelos comerciales, con la limitante de que actualmente salen dos vuelos diarios entre Santiago y Caracas y sólo puede enviarse un máximo de dos deportados por avión, y que cada uno debe ir acompañado por dos escoltas.
