El imputado, un ciudadano extranjero que había sido expulsado de Chile en 2023 por robo y que reingresó de forma irregular, se subió en cuerpazo sobre un vehículo a saltar con piedras en las manos. El tribunal acogió la máxima cautelar por peligro de fuga o el pago de una fianza de 10 UTM.
Un insólito y tenso episodio sacudió la tarde del pasado jueves a pleno corazón turístico de la capital regional. La Fiscalía Local de Iquique formalizó por los delitos de desórdenes públicos y ofensas al pudor a un hombre que causó desmanes completamente desnudo en el sector de la Península de Cavancha, atemorizando a vecinos, familias y peatones que circulaban por la zona.
El hecho se registró alrededor de las 15:47 horas del 23 de julio en la esquina de las calles Santa Coloma de Farnes con Capitán Roberto Pérez. En un punto clave de la ciudad por la presencia de restaurantes, juegos infantiles y el acceso a la playa, el sujeto se encaramó al techo de un auto estacionado, comenzando a saltar sin ropa y amenazando a la gente con piedras en sus manos.
La alerta inmediata de los testigos y la revisión de las cámaras de seguridad permitieron que Carabineros lo detuviera en el mismo lugar.
PRONTUARIO, EXPULSIÓN PREVIA Y REINGRESO IRREGULAR
Durante la audiencia de formalización, la abogada asistente de la Fiscalía, Kelly Pérez, expuso la gravedad del incidente y reveló un dato clave sobre el historial del detenido. El imputado ya contaba con condenas previas por delitos graves, incluyendo una sentencia en 2022 por robo en lugar habitado.
A raíz de ese fallo, la Policía de Investigaciones (PDI) lo había expulsado formalmente del país durante el año 2023. Sin embargo, el hombre reingresó de forma clandestina a Chile para terminar protagonizando esta nueva seguidilla de delitos en las calles iquiqueñas.
PRISIÓN PREVENTIVA Y PLAZO DE INVESTIGACIÓN
Frente a los antecedentes presentados y el evidente riesgo de una nueva evasión de la justicia, el Ministerio Público solicitó la medida cautelar más rigurosa. El Tribunal de Garantía acogió la solicitud y decretó la prisión preventiva del sujeto por considerar que existe un peligro real de fuga.
Eso sí, el juez fijó una caución (fianza) de 10 UTM para que el imputado pueda optar a la libertad mientras se desarrolla el proceso legal. En tanto, se determinó un plazo de 60 días para que la Fiscalía complete todas las diligencias investigativas de este caso que volvió a encender las alarmas sobre el control migratorio en la región.
