La Fiscalía Regional de Antofagasta confirmó que apelará la resolución del juez Patricio Álvarez, del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, quien rechazó decretar prisión preventiva para cuatro imputados en la arista del caso ProCultura, entre ellos el psiquiatra Alberto Larraín.
La investigación busca aclarar el destino de 1.600 millones de pesos en recursos públicos entregados por el Gobierno Regional Metropolitano a la fundación ProCultura para la ejecución del programa “Quédate”, orientado a la prevención del suicidio.
El fallo permitió que Larraín, junto a María Constanza Gómez, María Teresa Abusleme y Evelyn Magdaleno, quedaran en libertad con la medida cautelar de arraigo nacional, mientras que el quinto imputado, Gabriel Prado, permanece con arresto domiciliario total y arraigo, tras alegar problemas de salud.
A la salida del Centro de Justicia, Alberto Larraín se limitó a señalar: “Les pido respeto, me voy a ir a juntar con mi familia. Todo quedó explicado en la audiencia”.
JUEZ DESCARTA DELITOS Y PELIGRO PARA LA SOCIEDAD
En su resolución, el magistrado sostuvo que el Ministerio Público no logró acreditar suficientemente la existencia de los delitos investigados, ni tampoco la participación coordinada de los imputados para defraudar al Fisco.
El juez argumentó que los antecedentes presentados por la Fiscalía resultaron contradictorios y que no se cumplían los requisitos legales básicos para imponer la prisión preventiva, especialmente en dos aspectos:
- La comprobación de la existencia del delito.
- La presunta participación de los imputados como autores o cómplices.
Asimismo, determinó que la libertad de los imputados no representa un peligro para la seguridad de la sociedad, desestimando el principal fundamento del ente persecutor para solicitar la medida más gravosa.
Esta decisión ha sido catalogada como un fallo controversial, debido al alto impacto público del caso y a la magnitud de los recursos fiscales involucrados.
FISCALÍA INSISTE Y ELEVA EL CASO A CORTE DE APELACIONES
Frente a lo resuelto por el tribunal, la Fiscalía anunció que recurrirá a una instancia superior para revertir la decisión y buscar medidas cautelares más severas contra los imputados.
El Ministerio Público sostiene que existen antecedentes suficientes para sostener la imputación y que la causa requiere un estándar más estricto de control judicial, considerando que se trata de una investigación por eventual fraude con fondos destinados a programas sociales.
El fallo del juez Patricio Álvarez dejó en libertad a los principales imputados de una causa que involucra millonarios recursos públicos, generando cuestionamientos sobre los criterios aplicados para descartar la prisión preventiva y elevando la tensión entre el Ministerio Público y el Poder Judicial.
Con la apelación anunciada, el caso ProCultura entra ahora en una nueva etapa, donde será la Corte la que deberá revisar una resolución que ya provoca debate jurídico y político por sus efectos y fundamentos.
