Con 122 votos a favor y solo 13 abstenciones, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el proyecto que pone fin a décadas de precariedad laboral en el magisterio. La medida, que beneficiará a cerca de 22 mil educadores, pasará ahora al Senado para su segundo trámite legislativo.
Durante años, miles de profesores y profesoras del sistema público vivieron cada cierre de año escolar con la misma pregunta en el aire: “¿Me renovarán el contrato?”
Esa incertidumbre, que pesaba como una sombra sobre el aula, parece comenzar a disiparse tras la histórica aprobación del proyecto de ley que otorga titularidad a los docentes a contrata.
Con 122 votos a favor y 13 abstenciones, la Cámara Baja dio luz verde a una iniciativa que busca entregar estabilidad laboral a los educadores del sector público, reconociendo su antigüedad, compromiso y vocación. La propuesta —que ahora avanza al Senado— fue celebrada por el Colegio de Profesoras y Profesores como un “acto de justicia largamente postergado”.
Una deuda con el magisterio chileno
El proyecto tiene su origen en tres mociones parlamentarias refundidas (boletines 17.489, 17.749 y 17.755), que apuntaban a actualizar la Ley 19.648, sobre titularidad docente, prorrogada ya en tres ocasiones. Sin embargo, el Ejecutivo introdujo una modificación clave: incorporar un mecanismo permanente de titularización dentro del Estatuto Docente, lo que evitará depender, cada cierto tiempo, de nuevas leyes especiales.
En palabras del ministro de Educación, Nicolás Cataldo, este cambio “responde a una demanda histórica del magisterio y constituye un paso esencial para enfrentar el déficit de profesores, entregando certezas laborales a quienes sostienen día a día el sistema educativo del país”.
Los requisitos: estabilidad ganada con años de trabajo
La iniciativa establece que serán beneficiarios los profesionales de la educación parvularia, básica o media del sistema público que:
- Estén contratados al 31 de marzo del año respectivo.
- Se hayan incorporado mediante un proceso de selección transparente y público.
- Hayan trabajado al menos tres años continuos o cuatro discontinuos en los últimos cinco, con una jornada mínima de 20 horas semanales.
La titularidad se materializará por resolución del sostenedor —ya sea una municipalidad, corporación municipal o Servicio Local de Educación Pública (SLEP)— y regirá desde el primer día del mes siguiente a la publicación de la ley.
De acuerdo con cifras del Ministerio de Educación, el beneficio alcanzará a 21.540 docentes con tres años continuos de antigüedad y a 424 con cuatro años discontinuos, totalizando casi 22 mil profesores y profesoras en todo el país.
“Se avanza en dignidad”: el reconocimiento a una vida de vocación
El presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, calificó la votación como un paso histórico:
“Por fin nuestros colegas podrán mirar el futuro con tranquilidad. Muchos no podían acceder a créditos, comprar una vivienda o planificar una familia, simplemente porque no tenían certeza de si seguirían contratados el año siguiente. Hoy se avanza en dignidad y justicia”.
La Cámara reconoció, además, la realidad de los educadores rurales y de zonas apartadas, quienes —pese a su entrega y sacrificio— debían cada año competir por conservar el mismo puesto que ocupaban desde hacía tiempo. “Formalizar un vínculo laboral que ya existe”, coincidieron varios parlamentarios, “es saldar una deuda del Estado con sus propios maestros”.
Lo que viene: un cambio estructural en la educación pública
La medida no solo tiene alcance inmediato, sino que establece un sistema estable y predecible de titularización para los años siguientes. Es decir, los docentes que cumplan los requisitos cada año podrán acceder al beneficio sin depender de nuevas leyes o plazos excepcionales.
El ministro Cataldo destacó que este proyecto forma parte de la agenda corta acordada con el Colegio de Profesores, orientada a resolver los factores que provocan el déficit de docentes y la alta rotación laboral en los establecimientos públicos.
En los próximos días, la iniciativa será revisada por el Senado, donde se espera su aprobación definitiva. De concretarse, la ley entrará en vigencia a partir del 1 de abril del año siguiente a su publicación, marcando un antes y un después para miles de docentes en Chile.
Un nuevo capítulo en la historia del magisterio
Así, el Congreso dio una señal clara: la estabilidad no puede seguir siendo un privilegio, sino un derecho.
Los maestros que durante años formaron generaciones en condiciones precarias, finalmente podrán enseñar con la misma seguridad con la que enseñan a sus alumnos a soñar con un futuro mejor.
