La Oficina del Representante Comercial de EE.UU. (USTR) incluyó a nuestro país en un listado de 61 economías bajo investigación. De aprobarse, el nuevo gravamen superaría el impuesto temporal fijado previamente por la administración de Donald Trump. Desde la Cancillería chilena llamaron a la calma, recordando que la medida está en consulta y que el Tratado de Libre Comercio sigue plenamente vigente.
Una compleja e imprevista turbulencia sacude las relaciones comerciales entre Santiago y Washington. Tras iniciar una exhaustiva investigación en marzo de este año, Estados Unidos anunció una propuesta formal para imponer nuevos aranceles contra Chile y otros 60 países, argumentando diversas formas de “falta de acción” efectiva contra el trabajo forzoso a nivel global.
De aprobarse de manera definitiva la iniciativa norteamericana, Chile enfrentaría un gravamen del 12,5% para sus exportaciones. Esta cifra representa un incremento frente al 10% temporal que había sido impuesto por el expresidente Donald Trump, luego de que la Corte Suprema estadounidense invalidara en febrero pasado gran parte de los aranceles fijados en el denominado «Día de la Liberación».
Los fundamentos de la USTR y el listado de países afectados
De acuerdo con el reporte oficial emitido por la Oficina del Representante Comercial de EE.UU. (USTR), la eliminación de estas prácticas es un imperativo tanto moral como económico, donde el comercio internacional debe funcionar como un medio crítico de erradicación. En ese contexto, la Sección 307 de la Ley de Comercio de 1930 de EE.UU. define el trabajo forzoso como “todo trabajo o servicio que se exija a cualquier persona bajo la amenaza de una sanción por su incumplimiento y por la que el trabajador no se ofrezca voluntariamente”.
Bajo esa premisa, la investigación determinó que Chile forma parte de un grupo de 54 economías que no han logrado imponer ni hacer cumplir de forma eficaz una prohibición de la importación de bienes producidos con trabajo forzoso.
El informe de la USTR sostiene de forma tajante que «los actos, políticas y prácticas de Chile relacionadas al fallo en la imposición y aplicación efectiva de una prohibición de importación de trabajo forzoso son irrazonables y suponen una carga o restricción para el comercio estadounidense«.
La extensa lista de países que comparten la misma conclusión con Chile incluye a socios de la región y potencias globales como Argentina, Brasil, Colombia, Perú, Uruguay, Venezuela, Reino Unido, Japón, Noruega, Rusia, Arabia Saudita, Suiza, China y Corea del Sur, entre otros. Asimismo, se cuestionó a otras seis economías —Canadá, Ecuador, la Unión Europea, Indonesia, México y Pakistán— por fallas específicas en el cumplimiento de sus propias prohibiciones.
Al respecto, el representante comercial de EE.UU., Jamieson Greer, fue enfático en señalar:
“La falta de acción por parte de nuestros socios comerciales más importantes para abordar la importación de productos elaborados con trabajo forzoso es inaceptable y crea una dinámica en la que los trabajadores estadounidenses se ven obligados a competir a nivel mundial en condiciones desiguales”.
A nivel técnico, la Agencia EFE remarcó que, en caso de ratificarse, los gravámenes se aplicarán bajo el amparo de la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974. Del total de naciones investigadas, sobre 46 de ellas (incluido Chile) se recomienda aplicar la tasa del 12,5%, mientras que para otros 14 socios comerciales con regímenes parciales o compromisos vigentes, el arancel se mitigaría en un 10%.
Cancillería llama a la calma y defiende vigencia del TLC
Ante el revuelo y la natural preocupación del sector exportador nacional, el canciller Francisco Pérez Mackenna salió al paso de las acusaciones de la USTR. La máxima autoridad de las relaciones exteriores recalcó que la medida se encuentra actualmente en una “etapa de consulta pública y análisis”, por lo que no es un hecho consumado.
“Nuestro país ha participado activamente de todos los procesos y continuará activamente desplegado en las conversaciones y gestiones con las contrapartes respectivas, con el objetivo de resguardar los intereses nacionales y alcanzar las mejores condiciones”, resaltó con firmeza el ministro. Junto con ello, Pérez Mackenna enfatizó que el Tratado de Libre Comercio (TLC) con EE.UU. sigue completamente vigente, al igual que los canales de diálogo para proteger al sector exportador nacional y promover soluciones de beneficio mutuo.
En sintonía con el canciller, desde la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei) explicaron que el Ejecutivo ha tomado cartas en el asunto desde el primer minuto. Para responder con fuerza técnica a la investigación y presentar todos los antecedentes de defensa, la Cancillería coordinó un trabajo interministerial junto a las carteras de Hacienda y del Trabajo, alineado estrictamente con los estándares de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Desde el organismo técnico apuntaron además que esta labor de contingencia ha sido socializada de manera permanente con el sector privado y las principales industrias exportadoras del país, buscando dar un mensaje de unidad y solidez institucional ante las exigencias de Washington.
