La Contraloría General de la República (CGR) reveló una grave vulneración a la seguridad de los menores en el aparato estatal tras publicar su 19° Consolidado de Información Circularizada (CIC). El informe técnico identificó que, solo durante el año 2025, 35 personas con prohibición absoluta para trabajar con niños desempeñaron funciones en instituciones públicas. Estas contrataciones incumplen directamente la normativa vigente, que exige un filtro estricto para cargos con relación directa y habitual con adolescentes.
En ese sentido, Dorothy Pérez, Contralora General de la República (S), manifestó que la desidia administrativa en esta materia es inaceptable para el resguardo de la fe pública. “Se identificaron 35 casos de personas con prohibición absoluta para trabajar con menores de edad desempeñando funciones en instituciones públicas, lo que incumple la normativa y compromete la protección de derechos fundamentales. Se instruyó dar inmediato cumplimiento a la ley e iniciar procedimientos disciplinarios en un plazo de cinco días hábiles”, sentenció la autoridad.
La investigación arroja cifras aún más alarmantes al extender el plazo de análisis: entre 2020 y agosto de 2025, se contabilizaron 164 casos de inhabilitados ejerciendo funciones públicas en 72 instituciones.
Entre los organismos que fallaron en sus protocolos se encuentran municipalidades como Concepción, Puerto Montt y San Pedro de la Paz, además de entidades críticas como el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) de Atacama y el Hospital Regional de Rancagua.
El ente fiscalizador, a través de su informe técnico, manifestó que la obligación de verificar los antecedentes es ineludible para todo jefe de servicio antes de firmar un decreto. “Este informe reafirma el compromiso con la fiscalización y la protección de la infancia, instando a todas las instituciones públicas a fortalecer sus mecanismos de control y garantizar el estricto respeto a la ley, considerando además la normativa sobre nombramientos inhábiles”, detalla el reporte que expone la omisión del Código Penal en los procesos de recursos humanos.
Ante la evidencia, la Contraloría activó un ultimátum para que las entidades involucradas ejecuten las desvinculaciones y procedimientos disciplinarios correspondientes de manera inmediata.
Los artículos 39 bis y ter del Código Penal establecen la inhabilitación para condenados por delitos sexuales contra menores, un registro que debe ser consultado por ley. La CGR dio un plazo máximo de cinco días hábiles para recibir un reporte de las acciones correctivas tomadas por los municipios y servicios de salud afectados.
