En medio de la discusión presupuestaria, la diputada Camila Musante (Ind-PPD) alzó la voz contra el incremento de casi $1.600 millones para el Congreso Nacional, calificándolo como “un escándalo nacional”. La parlamentaria emplazó a sus colegas a rechazar la medida y criticó duramente que, mientras miles de chilenos esperan soluciones en salud, educación y seguridad, el Legislativo pretenda priorizar el cambio de mobiliario y equipamiento tecnológico.
Indignación en el Congreso: la voz que rompió el silencio
Con tono firme y sin rodeos, la diputada Camila Musante Müller, subjefa de la bancada Independientes-PPD, encendió una verdadera tormenta política dentro del Parlamento. Frente al inédito aumento de $1.599 millones para el Congreso Nacional, la parlamentaria no titubeó al calificar la medida como “un escándalo nacional” y anunció de inmediato que votará en contra.
El ajuste presupuestario, que contempla recursos para modernizar mobiliario, software y equipos tecnológicos en ambas cámaras, fue interpretado por Musante como una señal de desconexión total respecto a las urgencias reales que enfrenta el país.
“Esto es un escándalo nacional: estamos hablando de 1.600 millones de pesos adicionales para el Congreso, mientras los hospitales colapsan, las escuelas se caen a pedazos y la gente sigue esperando atención médica”, sentenció.
“Los dolores del país no están en los escritorios del Congreso”
Musante no solo cuestionó la magnitud del gasto, sino también su prioridad moral y política.
En una intervención que generó repercusiones en pasillos legislativos y redes sociales, la diputada fue categórica:
“No tengo ningún problema con seguir usando el mismo escritorio y la misma oficina. Los verdaderos dolores del país no están en el mobiliario del Congreso Nacional, sino en el per cápita de salud, en la educación pública y en la infraestructura de seguridad”.
Con esas palabras, la legisladora instó a todos los parlamentarios a rechazar el aumento, subrayando que el país vive una etapa donde cada peso público debe orientarse a necesidades sociales urgentes, y no a mejoras de confort dentro del hemiciclo.
“Es inaceptable que se piense en nuevos muebles cuando hay hospitales sin camas y escuelas sin calefacción. Este tipo de decisiones solo aleja al Congreso de la ciudadanía”, apuntó.
Contraloría pide más, pero recibe menos
Mientras el Congreso se debate en aumentos internos, la Contraloría General de la República enfrenta el escenario opuesto. Su titular, Dorothy Pérez, compareció ante la comisión mixta de Presupuestos para alertar sobre la falta crítica de recursos.
Pérez solicitó 10 funcionarios adicionales y $1.200 millones extra para reforzar los sistemas informáticos del organismo fiscalizador, hoy al borde del colapso por falta de capacidad tecnológica. “Pedimos 8,5% de aumento, pero solo se nos aprobó un 1,5%. Los riesgos son reales y podrían afectar la rendición de cuentas del Estado”, advirtió.
El contraste entre ambas situaciones no pasó inadvertido. Mientras la Contraloría lucha por mantener operativos sus sistemas, el Parlamento analiza un aumento cercano a los $1.600 millones para renovar mobiliario y equipos. La paradoja, según Musante, refleja una desconexión preocupante con la realidad nacional.
“No puede ser que quienes fiscalizan pidan más recursos por riesgo informático, mientras el Congreso se autoasigna millones para muebles nuevos. Es casi una provocación al sentido común”, ironizó una fuente parlamentaria cercana a la legisladora.
“Esto no es una señal, es una provocación”
En un contexto de restricciones fiscales y demandas sociales no resueltas, la polémica por el presupuesto del Congreso amenaza con convertirse en un símbolo del divorcio entre la clase política y la ciudadanía.
La diputada Musante, conocida por su tono directo y su cercanía con causas sociales, cerró su declaración con un llamado transversal:
“Desde ya anuncio mi voto en contra. Espero que mis colegas hagan lo mismo. No podemos dar este espectáculo mientras la gente exige respuestas urgentes”.
Un debate que promete encender la discusión nacional
La disputa por el aumento presupuestario no solo deja al descubierto las tensiones internas del Congreso, sino que también reabre la conversación sobre el uso y destino de los recursos públicos.
Mientras unos defienden la modernización institucional, otros —como Musante— advierten que priorizar el confort parlamentario en tiempos de crisis social podría ser un error político de alto costo.
En las próximas sesiones, el tema volverá al centro del debate presupuestario, donde cada voto contará. Por ahora, lo único claro es que la diputada Camila Musante ha logrado poner en jaque un aumento que pocos se atrevían siquiera a cuestionar.
