Carlos Palma, quien dirigió investigaciones emblemáticas en el sur del país, fue formalizado por la entrega de antecedentes reservados de una causa por narcotráfico. La audiencia en Coyhaique lo dejó con arraigo nacional, mientras su carrera se apaga entre acusaciones, grabaciones y sombras de poder.
El silencio del Juzgado de Garantía de Coyhaique fue interrumpido ayer viernes por una noticia que estremeció al Ministerio Público: Carlos Palma Guerra, exfiscal regional de Aysén y figura conocida por su papel en emblemáticos casos judiciales del sur del país, fue formalizado por el delito de filtración de información reservada.
Una causa que, por su contenido y protagonistas, amenaza con abrir grietas en la institucionalidad del sistema judicial chileno.
La escena fue tensa. Palma, suspendido de su cargo desde hace meses, escuchó cómo la Fiscalía de Los Lagos lo acusaba de haber entregado a terceros ajenos al proceso —entre ellos el abogado Luis Hermosilla— información sensible de una investigación por tráfico de drogas, ocurrida en octubre de 2022.
Entre los antecedentes entregados, según reveló la persecutora regional Carmen Gloria Wittwer, había incluso una grabación telefónica obtenida bajo autorización judicial, evidencia que aún no se presentaba en audiencia.
El material habría sido remitido directamente por Palma al abogado, advirtiéndole expresamente que se trataba de información reservada.
Un fiscal bajo la lupa
El caso, que parecía dormido entre carpetas judiciales, resurgió con fuerza luego de que la Corte Suprema confirmara la querella presentada por la Fiscalía de Los Lagos, permitiendo así su formalización.
En la audiencia, la fiscal Wittwer fue categórica: “No se trata de un error administrativo ni de un mal entendido, sino de una vulneración grave a la reserva de la investigación penal, cometida por quien tenía el deber de resguardarla”, señaló ante el tribunal.
Por esa razón, el Ministerio Público solicitó la medida cautelar de arraigo nacional, petición que fue respaldada por el Consejo de Defensa del Estado y a la que la defensa del imputado se allanó, en una señal de cooperación que no disipa la gravedad del caso.
Una caída que marca el final de una carrera
El exfiscal Palma enfrenta este proceso a días de dejar oficialmente su cargo. El próximo lunes 13 de octubre será su último día como persecutor regional de Aysén, un cierre amargo para quien durante años encabezó causas de alto impacto, desde delitos ambientales hasta complejas redes de narcotráfico.
Hoy, sin embargo, es él quien ocupa el banquillo de los acusados.
Su defensa, encabezada por el defensor regional de Aysén, Jorge Moraga, y el defensor público, Cristián Cajas, insistió en que “no existe delito alguno”. Argumentaron que la causa por la cual se le acusa no tenía carácter secreto al momento de los hechos, por lo que compartir antecedentes no habría constituido una infracción penal.
Aun así, ambos se allanaron a la medida cautelar, afirmando que su representado colaborará activamente con la investigación para esclarecer los hechos.
La sombra de Hermosilla
El nombre del abogado Luis Hermosilla vuelve a aparecer en un expediente judicial, esta vez como receptor de información que nunca debió salir de los archivos del Ministerio Público.
La relación entre ambos, según la investigación, se habría materializado en un contexto de confianza profesional, pero derivó en una entrega directa de evidencia aún en reserva, una acción que hoy el propio sistema judicial considera una vulneración grave al principio de confidencialidad.
El eco en el mundo judicial
La noticia ha provocado un remezón en las filas del Ministerio Público. Palma no es un funcionario menor: fue uno de los fiscales más antiguos del sur del país y, en más de una ocasión, defensor público de la transparencia institucional.
Por eso, su caída —ahora con medida de arraigo nacional y con la mirada de la Corte Suprema sobre su hombro— deja un sabor amargo y una pregunta flotando en el aire:
¿Hasta dónde llega la red de confianza y poder dentro de la justicia chilena?
Por ahora, el exfiscal Carlos Palma no podrá abandonar el país mientras continúe la investigación, que podría derivar en sanciones penales y administrativas.
El caso recién comienza, pero ya promete ser uno de los escándalos judiciales más incómodos del año para el Ministerio Público.
