La Fuerza Aérea de Chile (FACh) se encuentra en el ojo del huracán luego que 10 de sus funcionarios fueran sancionados y desvinculados por negarse a abordar un avión Hércules que presentaba fallas técnicas durante la operación Glaciar Unión en diciembre de 2024.
La información, publicada por BBCL Investiga, detalla que los sancionados presentaron un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de San Miguel, argumentando que las medidas adoptadas en su contra fueron “ilegales y arbitrarias”.
Una decisión que genera controversia
Según el recurso, los funcionarios fueron castigados tres veces por un mismo hecho y por una “junta secreta” cuya composición se mantiene desconocida. Las sanciones incluyeron la reducción de sus calificaciones, la inclusión en la lista anual de retiros y la desvinculación de la institución, la que se hará efectiva este 30 de septiembre.
“Una junta secreta y desconocida resolvió mantener la inclusión en la lista de retiros, sin expresar fundamento ni explicación alguna”, señala el documento al que tuvo acceso BBCL Investiga.
Entre los afectados se encuentran veteranos de la FACh, incluyendo un sargento con más de 22 años de servicio y un cabo con 16 años, así como mujeres expertas en mantenimiento y sistemas operativos.
El origen del conflicto: seguridad en vuelo
Todo comenzó cuando los técnicos y pilotos entregaron informes sobre discrepancias en los indicadores de combustible del C-130, un desperfecto que ya había sido responsable del siniestro de otro Hércules en 2019 durante una misión al continente blanco. Pese a las advertencias, un oficial a cargo exigió que los 10 funcionarios abordaran la aeronave, lo que ellos se negaron a hacer.
El abogado de los denunciantes, Rafael Harvey, sostiene que la FACh ha actuado de manera opaca y violando garantías legales:
“No se ha dado a conocer la identidad de quienes integraron la junta secreta, ni se ha informado si la decisión fue por mayoría o unanimidad. Todas estas acciones son ilegales y arbitrarias”, explicó Harvey a BBCL Investiga.
Falta de transparencia
Los funcionarios y su representación legal han solicitado información por transparencia y audiencias con autoridades de la FACh, sin obtener respuesta. Incluso comunicaciones enviadas en agosto reiteraron la decisión de mantenerlos en la lista de retiros, sin fundamentos ni explicaciones.
La situación ha generado un intenso debate sobre los límites de la autoridad en instituciones militares y la protección de quienes alertan sobre riesgos operativos, especialmente en misiones de alto riesgo como la campaña polar.
El próximo paso
Con el recurso presentado ante la Corte de Apelaciones de San Miguel, los 10 funcionarios buscan que se dejen sin efecto las sanciones y el retiro programado para el 30 de septiembre, restableciendo sus derechos dentro de la FACh.
La decisión judicial podría marcar un precedente importante en la regulación de la disciplina y la transparencia dentro de la institución.
