La Contraloría General de la República confirmó que en 2026 pondrá especial atención en la fiscalización de los beneficios sociales entregados por el Estado, como el subsidio de arriendo, con el objetivo de verificar que sean otorgados únicamente a quienes cumplen los requisitos legales y realmente los necesitan.
La información fue entregada por la contralora Dorothy Pérez en el conversatorio “Probidad y Eficiencia del Estado”, organizado por la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de los Andes (Uandes). Pérez explicó que la medida se enmarca en un plan de revisión más amplio, que ya ha abordado otras áreas, como el uso indebido de licencias médicas.
PRIORIDADES DEL PLAN FISCALIZADOR 2026
El enfoque de la Contraloría estará en tres áreas principales: infancia, migraciones y la entrega irregular de beneficios sociales. Según Pérez, esta última área concentra una proporción importante de los recursos estatales, por lo que su correcta fiscalización es crucial para optimizar la distribución del dinero público.
“No siempre hay fondos suficientes para cubrir todas las necesidades. Por eso es fundamental detectar y corregir abusos, para que los recursos lleguen a quienes realmente los necesitan”, señaló la contralora.
Actualmente, se están revisando múltiples programas sociales para garantizar que los beneficiarios cumplan con los requisitos establecidos por la ley, defendiendo así los intereses de los ciudadanos y asegurando que las ayudas estatales se asignen de manera justa y transparente.
Posibles irregularidades y el desafío del volumen de información
Pérez reconoció que, debido al volumen de datos que se analizan, puede haber errores en el proceso de revisión, pero anticipó que es probable encontrar casos de subsidios de arriendo otorgados a personas que tienen propiedad o que ya no viven en Chile.
“Aunque habrá un margen de error, la prioridad es proteger los recursos públicos y garantizar que los beneficios lleguen a quienes realmente los necesitan”, afirmó la contralora.
Con esta fiscalización, la Contraloría busca no solo detectar irregularidades, sino también fortalecer la eficiencia y transparencia en el uso de fondos estatales, reforzando la confianza ciudadana en la administración de los recursos públicos.
