El exgeneral director de Carabineros busca salir del país por un mes, pero el ente persecutor sostiene que unas simples vacaciones no justifican alterar medidas cautelares en plena cuenta regresiva para el juicio.
Un nuevo capítulo de tensión judicial se abre en el caso de fraude que sacudió a Carabineros, cuando el exgeneral director Bruno Villalobos, acusado de malversación y falsificación de instrumentos públicos, solicitó al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago autorización para vacacionar en Costa Rica. La solicitud, que contempla un viaje de casi un mes, ya encendió las alertas de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, que presentó una apelación ante la Corte de Apelaciones de Santiago buscando revertir la decisión.
El permiso otorgado por el tribunal exige que Villalobos deposite una fianza de retorno de 15 millones de pesos, como garantía de su regreso a Chile. No obstante, el Ministerio Público insiste en que “las vacaciones no constituyen una necesidad esencial ni un cambio relevante en las circunstancias que dieron origen a la medida cautelar”, y advierte que permitirlo podría sentar un “precedente altamente negativo”.
Un juicio que se acerca
El próximo 5 de noviembre, a las 9:00 horas, comenzará la primera audiencia de preparación del juicio oral en el Centro de Justicia, donde se evaluará la arista de gastos reservados del fraude en Carabineros, que involucra a Villalobos y otros altos oficiales.
La investigación comenzó en 2017, pero fue recién en 2022 cuando el general (R) fue formalizado, enfrentando acusaciones de haber sustraído o permitido la sustracción de más de $585 millones de la institución durante su mandato entre 2015 y 2018.
La autorización judicial y su contexto
El 20 de agosto pasado, la abogada de Villalobos, Bessy Plá, solicitó formalmente al tribunal un cambio temporal de la medida cautelar de arraigo nacional que pesa sobre su cliente, con el argumento de que necesitaba viajar a Costa Rica por “razón de vacaciones” entre el 13 y 28 de octubre.
Aunque tanto la Fiscalía como el Consejo de Defensa del Estado (CDE) se opusieron a la solicitud, el juez Cristián Azocar accedió, imponiendo la mencionada caución de retorno. Esta es la segunda vez que Villalobos intenta salir del país por motivos recreativos: en enero de este año, un permiso similar fue revocado por la Corte de Santiago.
La posición de la Fiscalía
En su apelación de cinco páginas, la fiscal de Alta Complejidad Centro Norte, Patricia Cerda, argumenta que levantar o suspender la medida cautelar por actividades recreativas “va en contra del objetivo de garantizar la comparecencia del imputado y preservar la integridad del proceso”. Además, destaca que la solicitud carece de fundamento jurídico suficiente y que las vacaciones no representan un motivo excepcional que justifique alterar una medida diseñada para prevenir el riesgo procesal.
“Permitir que un motivo como este sea considerado suficiente para suspender una medida restrictiva de libertad desnaturalizaría su propósito y sentaría un precedente altamente negativo”, sostiene el escrito del Ministerio Público, enfatizando que la medida cautelar fue impuesta justamente para asegurar la asistencia del imputado a todas las etapas del juicio y proteger los fines del proceso.
Un caso emblemático bajo la lupa
El caso que enfrenta Villalobos no solo refleja irregularidades financieras en Carabineros, sino que también ha puesto bajo la lupa el funcionamiento interno de la institución y la responsabilidad de sus altos mandos. El juicio, que se acerca rápidamente, será un hito que podría marcar un antes y un después en la rendición de cuentas dentro de la policía uniformada.
Mientras tanto, el país observa si la Corte de Apelaciones acogerá los argumentos de la Fiscalía y del CDE, o si Villalobos logrará tomarse unas vacaciones en pleno proceso judicial, un escenario que sin duda avivará el debate público sobre privilegios y justicia en casos de alto perfil.
