EMPRESARIO PAKISTANÍ VINCULADO AL ESCÁNDALO DE LAS “AMBULANCIAS FANTASMA” CAE EN BRASIL: LA RED OPERABA DESDE IQUIQUE
La investigación apunta a que el millonario fraude que golpeó a la Gobernación de Potosí se articuló a través de una empresa instalada en la Zona Franca de Iquique.
El caso de las llamadas “ambulancias fantasma” que sacudió a Bolivia vuelve a estar en la mira internacional, y esta vez con una conexión directa con Chile. La empresa Estefals Logistics, con sede en Iquique, aparece en el centro de las operaciones que derivaron en el millonario fraude por la compra irregular de 41 ambulancias para la Gobernación de Potosí.
La reciente captura en Brasil del ciudadano pakistaní Muhammad Kashif Ilyas —señalado como uno de los nexos de la operación— destapó nuevamente la trama de corrupción transnacional que involucra a empresarios extranjeros, autoridades bolivianas y negocios irregulares desde la Zona Franca iquiqueña.
La captura en Brasil
El director de la Interpol en Bolivia, Juan Carlos Bazoalto, confirmó que Kashif Ilyas fue arrestado en Brasilia bajo una notificación roja internacional solicitada por las autoridades bolivianas. El acusado habría alquilado vehículos de dos empresas cruceñas para luego venderlos de manera ilegal, como si fueran de su propiedad, sumando así otra arista delictiva a su historial.
“En Brasilia, la Interpol aprehendió al señor Kashif Ilyas. La alerta fue emitida porque esta persona había rentado vehículos en Bolivia y luego los vendió sin devolverlos. Tiene el mismo nombre y las mismas características de quien aparece vinculado al caso de las 41 ambulancias de Potosí”, explicó Bazoalto.
El rol de Iquique en la estafa
El nombre de Iquique no es casual en esta historia. Según la investigación del Ministerio Público boliviano, el empresario pakistaní era el contacto en territorio altiplánico del también pakistaní Umar Siyab, dueño de la empresa Estefals Logistics, radicada en la ciudad chilena.
Desde esa compañía se negociaba la internación de motorizados a Bolivia, muchas veces sin cumplir con los requisitos tributarios. Fue precisamente a través de Estefals Logistics que se canalizó el contrato administrativo firmado el 26 de noviembre de 2021, mediante el cual la Gobernación de Potosí comprometió la compra de 41 ambulancias por un monto que superaba los 20 millones de bolivianos.
El 31 de diciembre de ese mismo año, la administración regional firmó un acta de recepción, pese a que los vehículos nunca llegaron físicamente. El fraude se conoció semanas más tarde y derivó en la anulación del contrato.
El derrumbe del negocio
El caso se destapó públicamente en 2022, bajo la gestión del entonces gobernador Jhonny Mamani, quien firmó el contrato con Estefals Logistics. Mamani terminó involucrado en la investigación por presuntas operaciones financieras irregulares y actualmente cumple detención preventiva en el penal de San Pedro de La Paz.
De acuerdo con la Fiscalía boliviana, los delitos imputados van desde resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes hasta legitimación de ganancias ilícitas, cuyas penas podrían superar los diez años de cárcel, con agravantes por daño económico al Estado.
Una red transnacional bajo investigación
El arresto de Kashif Ilyas en Brasil marca un nuevo capítulo en un caso que se extiende más allá de las fronteras bolivianas. La conexión con la empresa radicada en Iquique abre preguntas sobre los mecanismos de control en la Zona Franca y sobre cómo estas operaciones pudieron ejecutarse sin que los organismos de fiscalización detectaran a tiempo las irregularidades.
“Estamos a la espera de mayor cruce de información con Interpol Brasil. El objetivo es tramitar los pasos de una posible extradición”, señaló el jefe policial boliviano.
Mientras tanto, la investigación sigue abierta y las miradas apuntan a Chile, donde se instaló la empresa que facilitó el millonario engaño.
Una alerta para la región
El caso de las ambulancias fantasma no solo es uno de los mayores escándalos de corrupción en la historia reciente de Bolivia; también es un recordatorio de cómo redes criminales transnacionales utilizan ciudades estratégicas como Iquique para montar operaciones que combinan negocios logísticos, vacíos legales y corrupción pública.
El desafío ahora es doble: la justicia boliviana deberá asegurar que los responsables enfrenten las consecuencias, mientras que Chile tendrá que revisar qué rol jugó Iquique como plataforma para un fraude que trascendió fronteras y dejó millonarias pérdidas al Estado boliviano.
