Una tormenta política se desató en el Congreso chileno. Bastó un número —30 mil subsidios menos— para encender las alarmas de parlamentarios, expertos y gremios de la construcción. La chispa surgió al conocerse el detalle del presupuesto 2026 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu): aunque el gasto global crece un 13,1%, la entrega de subsidios habitacionales caerá un 15%, lo que muchos han calificado como “una bomba social en cuenta regresiva”.
Un recorte que encendió al Congreso
El anuncio cayó como un balde de agua fría entre los integrantes de la Comisión de Vivienda. Tomás Hirsch, diputado de Acción Humanista, no se contuvo:
“Esto es gravísimo. Se está cortando la esperanza de miles de familias. Presentaré una indicación para reponer cada peso recortado”, declaró con tono encendido.
La cifra es brutal: el número de subsidios habitacionales bajará de 196.233 en 2025 a 166.233 en 2026. Y lo más sensible del golpe está en el corazón del programa DS49 —el destinado a los sectores más vulnerables—, que cae de 50 mil a solo 25 mil subsidios.
El segundo afectado, el programa DS19 de integración social, también sufre un hachazo: de 27 mil a 22 mil cupos.
En total, el costo asociado se desploma casi 30 millones de UF, dejando un presupuesto de 77,9 millones de UF, según la Dirección de Presupuestos (Dipres).
“No se puede cuadrar la caja a costa de los más pobres”
La indignación cruzó de lado a lado del espectro político. Héctor Ulloa, jefe de bancada PPD-Independientes, fue tajante:
“Equilibrar las finanzas no puede hacerse sobre las espaldas de las familias que no tienen dónde vivir. Sin ayuda del Estado, ese sueño se esfuma”.
Desde el Senado, Juan Ignacio Latorre (Frente Amplio) pidió flexibilidad:
“El próximo gobierno debe tener margen para reasignar recursos y acelerar la construcción de viviendas sociales. Esto debe tratarse como una política de Estado, no como un número en una planilla Excel”.
Incluso en la oposición, el tono fue de advertencia. El senador David Sandoval (UDI) acusó al Minvu de “heredar una mochila llena de deudas”:
“Se aumentan los fondos, sí, pero gran parte se destinará a pagar compromisos atrasados. Los que pagan los platos rotos son las familias”.
El eco en la industria: “un freno al corazón de la construcción social”
El golpe no tardó en sentirse en el mundo inmobiliario. Ignacio Aravena, investigador de Fundación Piensa, fue categórico:
“Esto reducirá la capacidad de construir viviendas sociales y golpeará uno de los pocos sectores que aún generaba empleo estable. Es un tiro en el pie para la reactivación económica”.
Desde la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, Slaven Razmilic advirtió que la baja es “la más significativa desde 2012” y que la meta de 260 mil viviendas del Plan de Emergencia Habitacional “quedará incompleta, apenas a medio camino”.
El arquitecto Iván Poduje, reconocido urbanista, sumó una reflexión más cruda:
“Cada vez que el Estado posterga la vivienda, crece la ciudad informal. Si se detiene la entrega de subsidios, lo que se multiplica son los campamentos y las listas de espera que ya superan los diez años”.
El argumento del Gobierno: “No se está recortando, se está cerrando un ciclo”
Desde el Ministerio de Vivienda, la respuesta llegó sin demora.
En un comunicado enviado a El Mercurio, la cartera dirigida por Carlos Montes defendió la redistribución de recursos:
“El presupuesto 2026 prioriza finalizar más de 300 mil viviendas de arrastre, comprometidas en el plan de emergencia habitacional. El nuevo programa habitacional será más acotado, porque aún hay obras en ejecución”.
El Gobierno sostiene que la medida no implica abandono, sino una “reorganización de prioridades”. Pero en el Congreso, pocos lo compran: “Se habla de cierre de ciclos, pero la realidad es que hay familias que siguen esperando su casa”, replicó una parlamentaria opositora.
Una bomba social en cámara lenta
El recorte, advierten expertos, no solo impactará en las cifras del déficit habitacional —que supera las 600 mil viviendas—, sino también en el tejido económico y emocional de un país donde la casa propia es símbolo de dignidad.
El temor es que el 2026 se convierta en el año del estancamiento habitacional, dejando a la próxima administración con menos margen de acción, más deuda interna y una ciudadanía más frustrada.
“Cada subsidio perdido es una familia que sigue viviendo en la precariedad”, resumió un dirigente gremial. “Y detrás de cada número hay un rostro, una historia, un techo que nunca llegó”.
Crónica de un recorte anunciado
El llamado “tijeretazo habitacional” aún debe ser discutido en el Congreso. Pero ya es un hecho político. En las calles, las organizaciones sociales anuncian movilizaciones; en los pasillos del Parlamento, los diputados afinan indicaciones.
La batalla por los 30 mil subsidios perdidos promete ser uno de los capítulos más tensos del debate presupuestario de 2026.
Y, como siempre en Chile, la pelea por la vivienda no se libra solo en los ministerios: se libra en la esperanza de miles de familias que siguen esperando la llave de su casa.
