Marta Bauman Figueroa llegó a trabajar al municipio de Pica con la convicción de cumplir su labor con honestidad. Durante años, observó situaciones irregulares y actos de corrupción que consideró inaceptables. Consciente de su deber, decidió denunciar lo que veía, confiando en que la institucionalidad protegería su integridad y la del patrimonio municipal.
Pero la respuesta que recibió fue todo lo contrario. Según el Juzgado del Trabajo de Pozo Almonte, en más de la mitad de su relación laboral, Marta reportó diversas irregularidades a sus superiores, sin que nadie tomara medidas efectivas. La funcionaria fue ignorada, expuesta a conflictos con otros funcionarios y sometida a un hostigamiento constante que afectó gravemente su salud mental.
“El hecho de denunciar o reclamar al empleador y que este lo ignore, o incluso parezca sancionar al denunciante, causa desazón, desaliento y sensación de postergación”, establece el considerando 25 de la sentencia.
Finalmente, Marta fue despedida, una decisión que buscó silenciar sus denuncias y castigar su valentía. Sin embargo, no fue un final definitivo. La funcionaria acudió a la justicia laboral, presentando una demanda de tutela laboral que culminó con un fallo histórico: el municipio deberá indemnizarla con $20 millones de pesos, reconocer su calidad de trabajadora y garantizarle los mismos derechos que los funcionarios de planta o contrata, pese a haber sido contratada a honorarios durante largos años.
El fallo judicial detalla que la acción de despido fue producto de la vulneración de su integridad psíquica, ocasionada por la persecución laboral, la falta de resguardo por parte de sus superiores y la inacción del alcalde Iván Infante, quien ignoró las denuncias de corrupción al interior del municipio. La sentencia también establece que no se implementaron protocolos, capacitaciones ni medidas preventivas para proteger a la funcionaria denunciante, incumpliendo su deber de resguardo y protección.
“Es el principio del fin del alcalde Iván Infante, quien en conocimiento de las denuncias de corrupción dentro del municipio, no realizó acciones para proteger el patrimonio municipal ni la dignidad de la trabajadora”, señaló Enzo Morales, abogado de la demandante.
La resolución obliga al alcalde a pagar la indemnización de $20 millones de pesos, como reparación por el daño emocional, afectación a la salud mental y despido injustificado que sufrió la funcionaria. Además, sienta un precedente en la protección legal de los denunciantes de corrupción, reconociendo que los contratos a honorarios no eximen al empleador de garantizar los derechos y la integridad de sus trabajadores.
Esta historia no solo habla de Marta Bauman, sino también de la necesidad de proteger a quienes denuncian irregularidades en la administración pública. La sentencia reafirma que denunciar corrupción no puede significar perder el empleo, ni sufrir persecución o maltrato psicológico.
Hoy, Marta representa la voz de quienes se atreven a enfrentar la corrupción, recordando que la justicia puede proteger a los valientes, incluso frente a autoridades que prefieren ignorar la ética y la transparencia.
“No se trató solo de un despido injustificado: fue un intento de silenciar la verdad. Pero la justicia ha hablado y reconoce el valor de la denuncia”, concluye la sentencia.
