Con un debate intenso, cargado de posiciones enfrentadas y con un claro protagonismo de las regiones del norte, la Cámara de Diputadas y Diputados avanzó en la tramitación de la moción que busca restringir el acceso a beneficios de cargo fiscal para extranjeros en situación migratoria irregular, una iniciativa que ahora queda lista para continuar su discusión y votación en los próximos días.
El proyecto establece medidas como la exigencia de residencia definitiva para acceder a subsidios, la obligación de contar con cédula de identidad vigente para ingresar al Registro Social de Hogares y la posibilidad de priorizar a ciudadanos chilenos en prestaciones sociales financiadas con recursos públicos.
EL NORTE TOMA LA PALABRA: “ORDENAR LA CASA NO ES OPCIONAL”
Desde las regiones más impactadas por la crisis migratoria, las señales fueron claras. Parlamentarios de Arica y Parinacota y Tarapacá marcaron el debate con un enfoque centrado en la presión real que enfrentan sus territorios.
La diputada Stephanie Jeldrez Ortiz fue una de las voces más firmes, subrayando que “los beneficios del Estado deben estar asociados al cumplimiento de la ley”, enfatizando que la iniciativa busca corregir distorsiones que hoy generan desigualdad. Su intervención reflejó el sentir de una zona donde la migración irregular ha tensionado servicios básicos y la convivencia social.
En la misma línea, desde la Región de Arica y Parinacota, el diputado Luis Malla Valenzuela —reelecto en el actual periodo— ha advertido en distintas instancias sobre la necesidad de compatibilizar el respeto a los derechos humanos con un mayor orden en la política migratoria, un equilibrio que este proyecto intenta abordar.
Por su parte, el diputado Jorge Díaz Ibarra también ha insistido en la urgencia de responder a la realidad regional, donde la sobrecarga en servicios públicos ha sido uno de los principales focos de preocupación.
TARAPACÁ: FOCO EN RECURSOS Y PRESIÓN TERRITORIAL
El diputado por Tarapacá, Álvaro Jofré, pidió la palabra y respaldó el espíritu de la iniciativa, señalando que es necesario establecer reglas claras en el uso de los recursos públicos en un contexto de alta presión migratoria en el norte, enfatizando que la política migratoria debe incentivar la regularidad y no generar ventajas para quienes ingresan al país al margen de la ley.
En esa línea, sostuvo que avanzar en este tipo de medidas permite ordenar el sistema y dar señales concretas de responsabilidad fiscal y territorial, especialmente en regiones como Tarapacá donde el impacto de la migración irregular se vive de forma directa.
Desde estos territorios, el diagnóstico es compartido: los recursos son limitados y la presión sobre el Estado es cada vez mayor, lo que ha impulsado la necesidad de establecer criterios más estrictos para su asignación.
Durante la sesión, se reiteró que la concentración de población migrante en el norte ha generado tensiones en salud, educación y vivienda, lo que ha llevado a exigir respuestas más concretas desde el nivel central.
DIVISIÓN EN LA SALA: ENTRE “ORDEN” Y “DERECHOS”
Pese al fuerte respaldo desde sectores que representan al norte, la iniciativa también generó duras críticas. La diputada Natalie Castillo cuestionó el proyecto señalando que “no viene a resolver un problema estructural” y advirtió que podría invisibilizar la pobreza y profundizar la exclusión, especialmente en niños y familias vulnerables.
Desde otra vereda, el diputado Jorge Guzmán defendió la propuesta apelando al “sentido común”, argumentando que priorizar a quienes cumplen la ley es una medida razonable, aunque recalcó que no debe haber discriminación en el acceso a salud y educación para menores.
LO QUE VIENE: DEFINICIONES Y POSIBLE CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL
La moción no fue votada en esta jornada y continuará su discusión en la Cámara, donde se espera su votación en general. De avanzar, se abrirá una nueva etapa para introducir indicaciones, especialmente en los puntos más sensibles.
Además, el debate podría escalar al plano jurídico, ya que algunos parlamentarios anunciaron reserva de constitucionalidad, lo que abre la puerta a que la iniciativa sea revisada por el Tribunal Constitucional en caso de avanzar en su tramitación, instalando desde ya un foco de controversia sobre su eventual legalidad.
El avance de esta iniciativa no solo responde a un debate ideológico, sino también a una realidad territorial concreta. Desde Arica hasta Tarapacá, los parlamentarios han instalado con fuerza la idea de que el Estado debe recuperar el control en materia migratoria, estableciendo reglas claras y priorizando el uso de recursos públicos.
La discusión seguirá en los próximos días, pero el mensaje desde el norte ya quedó instalado en el Congreso: ordenar la política migratoria dejó de ser una opción y pasó a ser una urgencia.
