Un ciudadano venezolano fue sentenciado a 16 años y 3 días de presidio efectivo tras ser hallado culpable de integrar una red de tráfico de migrantes y drogas, además de mantener cinco armas de fuego, cargadores, abundante munición y una granada de mano en su vivienda en Arica. La investigación reveló que coordinó el ingreso clandestino de 19 personas —incluyendo cuatro menores— y almacenaba cerca de 2,5 kilos de sustancias ilícitas.
Arica despertó con la noticia como si se tratara de una escena arrancada de la frontera más sombría del cine: un hombre, una casa común en una calle cualquiera, y un arsenal digno de una guerra pequeña. J.G.M., ciudadano venezolano, escuchó la sentencia que sellará su destino por los próximos 16 años y 3 días. No hubo conmutación, no hubo beneficios. El tribunal fue categórico: su casa no era un hogar, sino un depósito de muerte y clandestinidad.
La Fiscalía local reconstruyó su historia pieza por pieza: el ingreso irregular de migrantes por pasos no habilitados, cargamentos de droga cuyo valor supera con creces la imaginación de cualquier vecino, y en el rincón menos pensado de su domicilio, un objeto que hizo fruncir el ceño a los detectives de la PDI —una granada de mano, lista, real y capaz de borrar vidas en segundos.
Todo comenzó en noviembre de 2023, en un paisaje desértico al norte del país: 19 migrantes —cuatro de ellos niños, niñas y adolescentes— fueron detectados por personal policial al cruzar clandestinamente la frontera. No lo hicieron por azar ni error. Se trataba de una operación coordinada, cobrada y ejecutada desde las sombras. Las pericias posteriores revelaron el rol de Graterol: organizador, facilitador, cobrador. Un engranaje clave dentro del tráfico humano.
Pero la historia no termina ahí.
Fue el 30 de agosto de 2024 cuando el telón cayó definitivamente. Detectives de la Brigada Investigadora de Trata de Personas de la PDI irrumpieron en su vivienda en calle Juan Antonio Ríos. La escena reveló cinco armas de fuego —no una, no dos, cinco— cargadores listos, diversa munición y, lo que aún genera escalofríos al leerlo, una granada de mano.
Junto a ello, casi 2,5 kilos de drogas. No hablamos de consumo personal, ni de un pequeño paquete. Hablamos de tráfico. De dinero. De rutas clandestinas. De redes que lucran con la desesperación ajena.
Graterol fue condenado por:
- tráfico ilícito de estupefacientes
- tráfico de migrantes agravado
- porte ilegal de arma de fuego prohibida
- porte ilegal de municiones
La Fiscalía no dejó cabos sueltos. La PDI no dejó dudas. El tribunal no dejó espacio a interpretaciones. El caso es ejemplificador no sólo por la magnitud del arsenal, sino por su mezcla: armas, explosivos, drogas y seres humanos tratados como mercancía.
Arica, punto fronterizo, volvió a mostrar su lado más vulnerable: puerta de entrada, ruta de escape, frontera permeable donde la pobreza se transforma en trofeo para redes criminales.
Los vecinos aún comentan el operativo:
Cómo es posible que una casa normal escondiera tanto
Cómo nadie lo sospechó
Cómo es que una granada vivió en el centro de un barrio residencial
Hoy, mientras Graterol comienza su larga estadía tras las rejas, queda el eco de una pregunta inevitable: ¿cuántos más? ¿Cuántos arsenales duermen detrás de puertas aparentemente comunes? ¿Cuántas historias de clandestinidad quedan todavía por descubrir en la frontera norte?
La justicia habló.
La cárcel lo espera.
Y la ciudad vuelve a preguntarse si realmente conoce lo que ocurre en sus calles.
