Un informe de la Contraloría General de la República reveló que 73 organismos del Estado no pudieron respaldar ni justificar sus cifras financieras, obligando al ente fiscalizador a abstenerse de validar el 100% de los estados financieros auditados entre 2020 y 2024. El reporte pone en duda la confiabilidad de $15,9 billones de recursos públicos, advierte graves debilidades en los controles internos y abre riesgos de errores, mala gestión e incluso eventuales fraudes.
Por años, los números han sido presentados como el lenguaje de la certeza. Balances, estados financieros y reportes contables que, en teoría, debían reflejar con precisión cómo se administran los recursos públicos. Sin embargo, el más reciente informe de la Contraloría General de la República (CGR) revela un escenario inquietante: en decenas de instituciones del Estado, las cifras simplemente no pudieron ser validadas.
En su Segundo Consolidado de Resultados de Auditoría (CRA N°2), emitido este miércoles 24 de diciembre, el organismo fiscalizador expuso los resultados de la revisión de los Estados Financieros de 73 entidades públicas, correspondientes al período 2020–2024. El diagnóstico fue categórico y transversal: en el 100% de los casos se emitió “abstención de opinión”, una de las conclusiones más severas dentro del ámbito de la auditoría financiera.
¿Qué significa una abstención de opinión?
En términos simples y directos, implica que la Contraloría no pudo confirmar si los estados financieros reflejan de manera razonable la realidad económica de las instituciones auditadas. No porque se haya probado un error concreto en cada caso, sino porque no existió evidencia suficiente, confiable ni adecuada para respaldar los montos informados.
Es decir, los auditores se encontraron con cifras que no pudieron ser verificadas.
Un problema estructural, no aislado
El informe detalla que las causas de esta situación no responden a un solo factor, sino a una cadena de debilidades persistentes:
- Controles internos débiles o inexistentes
- Registros contables inconsistentes, sin explicación ni corrección
- Falta de análisis financiero que sustente los saldos reportados
- Sistemas informáticos deficientes, sin controles generales adecuados
- Problemas en la gestión y trazabilidad de los recursos públicos
Estas falencias se repitieron tanto en 50 instituciones del Gobierno Central como en 23 entidades del Sector Municipal, lo que refuerza la idea de un problema sistémico en la administración financiera del Estado.
Los montos en juego: cifras que pesan
La magnitud del hallazgo no es menor. Según la Contraloría, los recursos involucrados ascienden a $15,9 billones.
- 91% corresponde al Gobierno Central
- 9% al Sector Municipal
Montos que, al no poder ser debidamente respaldados, ponen en duda la confiabilidad de la información utilizada para tomar decisiones estratégicas, planificar políticas públicas y evaluar el uso eficiente del dinero fiscal.
Riesgos que van más allá del papel
El informe es claro en advertir que este escenario abre la puerta a riesgos graves: desde errores significativos hasta eventuales fraudes, pasando por una gestión financiera deficiente que afecta directamente la transparencia y la confianza ciudadana.
Cuando los números no cuadran —o peor aún, cuando no pueden ser explicados—, el impacto no es solo técnico. Se erosiona la credibilidad del aparato público.
Consecuencias y acciones derivadas
Frente a estos hallazgos, la Contraloría no se limitó al diagnóstico. Durante el período auditado, se instruyeron diversas acciones disciplinarias y legales:
- 📝 27 sumarios administrativos ordenados a entidades auditadas
- 🔍 10 procedimientos disciplinarios realizados directamente por la CGR
- ⚖️ 5 remisiones al Ministerio Público
- 🏛️ 5 remisiones al Consejo de Defensa del Estado
Estas medidas buscan establecer responsabilidades y determinar si las irregularidades detectadas derivan en faltas administrativas o eventuales delitos.
Un llamado de alerta institucional
El CRA N°2 no es solo un informe técnico: es una señal de advertencia. Revela que, durante cuatro años, una parte significativa del Estado chileno operó sin contar con información financiera plenamente confiable, afectando la toma de decisiones, la planificación y el control del gasto público.
En un país donde la demanda por transparencia y probidad es cada vez más fuerte, el mensaje es claro: sin evidencia, no hay certeza; sin certeza, no hay confianza.
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