Un empate técnico en la Corte Suprema permitió que el ministro Antonio Ulloa mantuviera su cargo, pese a sus nexos con el abogado Luis Hermosilla. La decisión desató la furia de diputados oficialistas, quienes anunciaron una acusación constitucional y denunciaron al máximo tribunal de enviar “una señal devastadora” de corrupción.
Este martes, en los pasillos solemnes de la Corte Suprema, no hubo aplausos ni vítores, pero sí un murmullo que se expandió como reguero de pólvora. El ministro Antonio Ulloa, cuestionado por sus vínculos con el abogado Luis Hermosilla, logró aferrarse a su toga gracias a un empate en la votación: 7 ministros a favor de su remoción y 7 en contra. Un resultado frío en las cifras, pero ardiente en su significado político y judicial.
El quórum requerido era de 11 votos. No se alcanzó. Y esa grieta fue suficiente para que Ulloa sobreviviera en un proceso disciplinario que lo perseguía desde hace meses, en el marco del escándalo conocido como “los audios de Hermosilla”.
El fantasma de Hermosilla y la sombra sobre Ulloa
La controversia tiene raíces más profundas que un simple empate. Ulloa, juez de la Corte de Apelaciones de Santiago, había sido sancionado previamente por su relación con Hermosilla, el influyente abogado imputado por tráfico de influencias. En sus intercambios de mensajes, salieron a la luz poemas de agradecimiento, recomendaciones de ascensos y supuestas filtraciones de resoluciones judiciales.
La escena se volvió aún más incómoda cuando se recordó que Ulloa había mostrado animadversión hacia el magistrado Daniel Urrutia, conocido por desafiar a la élite del Poder Judicial. Para muchos, la permanencia de Ulloa simboliza no solo la fragilidad de los mecanismos internos de sanción, sino la dificultad de la justicia chilena para depurar sus propias filas.
El estallido en el Congreso
Apenas se conoció el fallo, la reacción fue inmediata. Desde el oficialismo, un grupo de diputados levantó la voz y anunció una acusación constitucional contra Ulloa. Daniel Manouchehri (PS) fue uno de los primeros en golpear la mesa:
“La justicia no puede estar capturada por redes oscuras. Lo que ha pasado hoy día es una señal de corrupción devastadora por parte de la Corte Suprema”, disparó.
Junto a él, parlamentarios como Gael Yeomans, Javiera Morales, Marcos Ilabaca, Daniella Cicardini y Camila Musante se alinearon en la ofensiva. Para ellos, la decisión del máximo tribunal no solo salva a un juez cuestionado, sino que erosiona la credibilidad de todo el sistema.
Daniella Cicardini (PS) habló sin tapujos:
“Este empate que salva a Ulloa es insólito. Lo que ha pasado hoy día es una vergüenza nacional. El Poder Judicial había asumido un compromiso de limpieza profunda y lo que vemos es lo contrario: un retroceso que instala la duda, la corrupción y la desconfianza de la ciudadanía”.
Una Corte dividida
La resolución, comunicada por la vocera María Soledad Melo, recordó que el procedimiento de remoción exigía mayoría absoluta. La aritmética fue implacable: el empate significó la permanencia de Ulloa.
No todos en el Poder Judicial estaban conformes con esa conclusión. El eco de las destituciones previas de las ministras Ángela Vivanco y Verónica Sabaj —ambas fuera de la Corte por el mismo caso— contrastó con el desenlace de Ulloa, reforzando la sensación de desigualdad y protección selectiva.
Lo que viene: la política entra al ruedo
La acusación constitucional contra Ulloa ya no es solo una amenaza. El listado de firmantes muestra un frente amplio de parlamentarios dispuestos a desafiar el blindaje judicial. Incluso algunos no descartan extender el libelo a los ministros que no se inhabilitaron en la votación, acusándolos de vulnerar la probidad y la imparcialidad.
En paralelo, la derecha ha preferido un silencio prudente, aunque en pasillos del Congreso algunos ya deslizan que la ofensiva oficialista podría abrir un nuevo capítulo de confrontación entre el Poder Legislativo y el Judicial.
La señal y el trasfondo
El caso Ulloa no es un episodio aislado. Es el reflejo de un Poder Judicial en tensión con su propia imagen, golpeado por escándalos y bajo la lupa de una ciudadanía que reclama transparencia. Lo ocurrido este martes es más que una votación dividida: es una grieta en la credibilidad de las instituciones.
Y mientras Ulloa conserva su cargo, en el Congreso se prepara una batalla política que promete ser feroz. El desenlace aún está por escribirse, pero el telón de fondo ya está claro: la justicia chilena enfrenta una de las pruebas más duras de las últimas décadas.
