Cuando aún restan más de 17 meses para que Gabriel Boric abandone La Moneda, su nombre ya aparece escrito en las páginas de la Ley de Presupuesto 2026. No como Presidente en ejercicio, sino como futuro exmandatario con un paquete de beneficios asegurados por ley: $151 millones adicionales que se suman al gasto histórico destinado a los expresidentes, blindados bajo la categoría de “ley permanente”, un candado jurídico que impide que esos recursos puedan ser rechazados.
La decisión, impulsada por la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda (Dipres), transforma un debate que venía abierto hace años en una polémica de alto calibre: ¿deben los exmandatarios recibir no solo una dieta mensual de $7,3 millones, sino también millonarias asignaciones para oficinas, personal y traslados?
Una caja sellada: los millones que nadie puede tocar
Según el documento oficial de la Dipres, el fondo destinado a exgobernantes alcanzará los $830 millones anuales. A partir de marzo de 2026, Boric entrará automáticamente en esa lista junto a Eduardo Frei, Ricardo Lagos y Michelle Bachelet. Su incorporación elevará el gasto en un 22,3%, es decir, $151 millones adicionales.
Pero lo más llamativo no es el monto, sino la forma: al declararlo “ley permanente”, el Ejecutivo amarra esos recursos de manera tal que el Congreso no puede reducirlos. Solo un eventual reclamo constitucional podría abrir una grieta en el blindaje, aunque la última palabra podría quedar en manos del Tribunal Constitucional, hoy con mayoría cercana al oficialismo.
La herencia de un pacto político
Este sistema no nació con Boric, ni con sus antecesores inmediatos. Su origen se remonta al año 2000, cuando el país buscaba una salida elegante a la incómoda figura de Augusto Pinochet como senador vitalicio. Fue entonces cuando se acordó que los expresidentes recibirían los mismos ingresos que un parlamentario: dieta mensual, oficinas, personal y traslados.
Ese beneficio, bautizado como “estatuto de los expresidentes”, se transformó en una suerte de pensión vitalicia para quienes ocuparan la primera magistratura. Con el tiempo, la práctica se consolidó gracias a acuerdos internos en el Senado que, aunque no tenían piso constitucional, mantuvieron la chequera abierta.
El vacío legal que Boric conoce muy bien
La paradoja es evidente: uno de los impulsores de las reformas de 2020 que recortaron sueldos de autoridades fue precisamente Gabriel Boric, entonces diputado. Esa reforma sacó de la Constitución las asignaciones, dejando solo las dietas como derecho explícito.
Un informe del Senado de ese mismo año advirtió que las asignaciones para expresidentes habían perdido sustento jurídico. Sin embargo, los comités parlamentarios decidieron mantenerlas con acuerdos administrativos, usando como paraguas la Ley de Presupuesto.
Hoy, cuatro años después, la Dipres da un paso más: transforma lo que era un acuerdo político en un gasto blindado de por vida.
El nuevo flanco legislativo
La reforma constitucional que buscaba eliminar estas asignaciones —respaldada por diputados como Pamela Jiles y Carlos Bianchi— fue rechazada en la Cámara, cerrando la puerta a discutir el tema hasta septiembre de 2025. Pero muchos parlamentarios ya adelantaron que volverán a la carga en el debate presupuestario de ese año, apuntando directamente al paquete de beneficios que recibirá Boric apenas deje La Moneda.
La batalla será intensa. Porque lo que se juega no es solo un número: se discute el privilegio de una casta política que, en tiempos de estrechez fiscal y demandas sociales sin respuesta, asegura oficinas, personal, viajes y una dieta millonaria mientras el resto del país debe ajustarse el cinturón.
El fantasma del costo político
El Gobierno defiende que estos gastos forman parte de un “reconocimiento institucional” a quienes ejercieron la Presidencia. Pero el blindaje con rango de ley permanente abre un flanco de proporciones: si la ciudadanía interpreta estos beneficios como privilegios desmedidos, el costo político puede ser devastador.
En las calles, la crítica se resume en una frase: “mientras al pueblo le dicen que no hay plata, a los expresidentes les sobra”.
👉 En definitiva, la Ley de Presupuesto 2026 no solo marca el debut de Boric como expresidente. También reabre una herida política que parecía cerrada: el debate sobre cuánto deben costar los privilegios de quienes ya no gobiernan, pero siguen siendo financiados de por vida por el Estado.
