En entrevista exclusiva con Vilas Radio, Frank Sauerbaum destacó que el aumento del personal de las Fuerzas Armadas y el uso de tecnología de punta permitieron un desplome abismante del 90% en los ingresos clandestinos. Además, transparentó el millonario costo detrás de los procesos de expulsión judicial.
Un detallado balance de la situación de seguridad en la Macrozona Norte y los primeros lineamientos de la nueva estrategia de control fronterizo del Gobierno entregó el Director Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, en una conversación exclusiva con Vilas Radio. Tras finalizar una inédita e inspectiva visita técnica a la comuna de Colchane, la máxima autoridad migratoria del país expuso el potente despliegue de recursos humanos y tecnológicos en la zona, abordando además el millonario costo que significan las expulsiones judiciales y los riesgos que proyecta la severa crisis política que sacude a Bolivia.
El fuerte despliegue militar en Tarapacá versus la realidad de Arica
Uno de los puntos más relevantes abordados por Sauerbaum fue la asimetría y focalización del despliegue de las Fuerzas Armadas en las distintas regiones del norte de Chile. Al respecto, la autoridad reveló de forma inédita las cifras de personal de resguardo que opera de manera permanente en los límites fronterizos. «En Arica tenemos hoy día 192 militares. Aquí (en Colchane) tenemos más de 340», detalló el director, explicando que este contingente trabaja mediante un riguroso sistema de turnos y relevos temporales en pleno altiplano.
A nivel general, Sauerbaum destacó que «hay un 48% más de militares desde que el Presidente Kast asumió», lo que se complementa con obras de infraestructura en las zanjas y la inyección de herramientas tecnológicas de última generación, como drones de alta autonomía y aviones no tripulados.
No obstante, el director aclaró que el objetivo de mediano plazo es que el uso de la tecnología reemplace paulatinamente el esfuerzo humano. «En la medida en que se implemente el tema completo, con la zanja, con las rejas, con la tecnología, va a ir disminuyendo la presencia militar porque va a ser menos necesaria», argumentó. A modo de ejemplo, proyectó que en la Región de Arica y Parinacota, una vez concluidas las rejas y los patrullajes aéreos automatizados, «vamos a requerir apenas a 12» efectivos militares.
Desplome en las cifras de ingresos clandestinos y herencia del gobierno anterior
El Director Nacional de Migraciones defendió con fuerza el cambio de enfoque impulsado por la actual administración, asegurando que las estadísticas validadas por la Policía de Investigaciones (PDI) demuestran un éxito contundente. «El año pasado teníamos el 90% más de ingreso clandestino. O sea, ha ido disminuyendo muy abruptamente», subrayó Sauerbaum, agregando que las reconducciones directas hacia Bolivia también cayeron drásticamente en un avance que calificó como «abismante». En lo que va del año, a nivel nacional se registran apenas 4.200 ingresos ilegales, en contraste con los 18.000 detectados a la misma fecha del periodo anterior.
A nivel regional, la autoridad expuso la radiografía de Tarapacá: el año pasado se contabilizaban 11.602 extranjeros denunciados frente a los escasos 2.621 actuales. Las reconducciones efectivas en la zona también bajaron de 4.621 a 647 casos, lo que representa una disminución de casi cinco veces.
A pesar de los números positivos, Sauerbaum sinceró el duro panorama financiero que enfrenta su repartición debido a la gestión de la administración de Gabriel Boric. «El gobierno del Presidente Boric nos dejó 46.000 expulsiones sin ejecutar. O sea, imagínense el desafío que significa eso», fustigó, advirtiendo que enfrentan una severa restricción presupuestaria. «Tenemos 4.000 millones de pesos para este año. Con eso no alcanzamos a echar ni siquiera a 2.000 personas», alertó, confirmando que ya solicitaron suplementos de fondos directos a La Moneda.
El increíble costo de expulsar a un delincuente en Chile
Frente a las dudas de la ciudadanía respecto a la lentitud en los procesos de expulsión, el director transparentó los complejos y costosos requerimientos logísticos que exige la ley vigente para sacar del territorio nacional a un ciudadano extranjero que ha cometido delitos graves. «Aunque parezca increíble, echar a una persona en Chile cuesta 3 millones de pesos», reveló la autoridad.
El desglose económico responde a estrictos protocolos de seguridad y resguardo de los derechos humanos exigidos por la policía civil. «Si lo echamos en un vuelo comercial, yo tengo que echar arriba del avión a dos PDI que lo van a dejar. Por lo tanto, tengo que pagar tres pasajes», explicó Sauerbaum, detallando que si el traslado se realiza en un avión de la Fuerza Aérea de Chile (FACh), la proporción obligatoria se mantiene en un custodio por cada expulsado. «Muchos de ellos son criminales, personas que cumplieron su pena en Chile por droga, por tráfico, por extorsión, por una serie de delitos que se van expulsados, y obviamente no los podemos dejar libres dentro de un avión por todo el riesgo que implica», sentenció.
