Los cuatro municipios de la región ya tienen depositados más de 2.122 millones de pesos correspondientes a la tercera cuota de 2026. Con el dinero asegurado en las arcas locales, la presión se traslada ahora a las alcaldías, que deberán demostrar capacidad de gestión para transformar estos fondos en obras visibles de seguridad e infraestructura.
Las platas ya están depositadas y ahora la pelota queda en el piso de los alcaldes. Las comunas de Arica, Camarones, Putre y General Lagos recibieron las transferencias de la tercera cuota del Royalty Minero, completando una inyección total de $2.122 millones en lo que va de este 2026.
La llegada de estos recursos frescos alivia los presupuestos locales, pero abre de inmediato el verdadero examen para las administraciones de la región: la capacidad real para diseñar, licitar y ejecutar proyectos que impacten directamente en los barrios y dejen atrás la burocracia habitual.
El mecanismo operó a través del Fondo de Equidad Territorial (FET), un instrumento diseñado para nivelar la cancha financiera de las zonas extremas y rurales que históricamente corren con desventaja. Al no ser fondos asignados a proyectos específicos desde Santiago, cada municipalidad cuenta con la autonomía completa para decidir en qué gastar el dinero, lo que significa que los propios vecinos y concejos municipales tendrán la tarea de fiscalizar que los montos no se diluyan en gastos corrientes o eventos, sino que vayan a resolver problemas estructurales.
El mapa del dinero: ¿Cómo quedó la división por comuna?
La distribución de los recursos no es igualitaria, sino que responde a las fórmulas de equidad que miden los ingresos propios de cada territorio y sus niveles de vulnerabilidad. En el desglose final de este año, las cuatro comunas de la región totalizan exactamente $2.122.987.437 sumando las tres cuotas entregadas.
El dinero se repartió de la siguiente manera en las arcas municipales:
- Arica: Recibió la tajada más grande con $1.403 millones de pesos destinados a la capital regional.
- Putre: La comuna altiplánica se anotó con $265 millones de pesos para sus arcas.
- Camarones: Logró asegurar una transferencia de $236 millones de pesos.
- General Lagos: La comuna fronteriza cerró el balance con $218 millones de pesos recibidos.
Prioridades sobre la mesa: Desde luminarias hasta seguridad
La ley permite un abanico amplio de inversión para que los municipios ataquen sus principales dolores de cabeza. Entre las prioridades que ya se barajan en los pasillos municipales, los recursos podrán financiar planes de seguridad pública, recambio de luminarias y recuperación de espacios públicos deteriorados, que son las demandas que más repiten los pobladores en las juntas de vecinos. También hay espacio para proyectos viales urgentes como pavimentación, conservación de calles dañadas, compra de equipamiento crítico para emergencias e infraestructura social.
El subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, Sebastián Figueroa, apuntó a que el Royalty Minero busca justamente descentralizar los recursos y fortalecer la billetera de las zonas alejadas. La autoridad recalcó que se trata de una herramienta concreta para acortar brechas entre municipios y llevar más Estado a las regiones, beneficiando directamente a los territorios que tienen menor capacidad para generar ingresos propios.
La urgencia de pasar de los números a las obras reales
Para la comunidad de Arica y Parinacota, el debate de fondo arranca hoy. Recibir los millones en una cuenta bancaria es un trámite administrativo rápido, pero el impacto real dependerá exclusivamente de la velocidad técnica de los municipios para levantar proyectos oportunos. Las oficinas de planificación (Secplan) de la región tendrán que ponerse a prueba para evitar que estos montos queden durmiendo en las cuentas corrientes debido a diseños deficientes o licitaciones desiertas.
Los recursos públicos funcionan bajo una lógica clara: la transferencia es solo el punto de partida. Los habitantes del norte no necesitan ver grandes saldos en las plantillas presupuestarias de las municipalidades; lo que exigen son calles mejor iluminadas, plazas sin delincuencia y soluciones concretas que pasen del papel a la realidad de sus barrios en el menor tiempo posible.
