Luis Thayer Correa, director del Servicio Nacional de Migraciones negó que el Gobierno esté siendo permisivo respecto a las expulsiones administrativas de ciudadanos extranjeros, y por el contrario dijo que la baja materialización de éstas se debe a una excesiva «burocracia» de la ley.
«Desde febrero pasado entró en vigencia la nueva Ley de Migración y Extranjería, por lo que se debe notificar personalmente al afectado, que dispone de 10 días para presentar sus descargos. Luego de ese plazo, se debe notificar la expulsión en forma personal y el afectado tiene otros 10 días para recurrir ante la Corte de Apelaciones. En todo ese tiempo no procede la detención del extranjero», dijo.
La autoridad agregó que «una vez que firme la expulsión, la PDI debe ir a buscar al extranjero para materializarla en 48 horas»,
Asimismo dijo que «notificar a un migrante más de una vez se ha vuelto casi imposible», fustigaba en octubre Javier García, alcalde de Colchane, una de las comunas de la Región de Tarapacá más afectadas por la crisis migratoria. Hasta ese mes, se habían concretado solo 17 expulsiones administrativas, según cifras del propio Servicio.
Thayer precisó que hasta ahora «hemos dictaminado más de 1.500 decretos de expulsiones administrativas», pero «tenemos un problema con el proceso de notificación y materialización, que ha sido baja porque la ley cambió».
Con la nueva norma, reprochó que ese trámite «quedó demasiado complejo y burocrático el proceso de notificación y materialización de expulsiones».
