El parlamentario por Tarapacá calificó como “gravísimos” los hallazgos del ente fiscalizador en el terminal aéreo, que dejaron al descubierto la pérdida de trazabilidad de sustancias ilícitas, maletas sin custodia, cámaras fallidas y una total descoordinación entre las policías, Aduanas y la DGAC.
Una verdadera bomba institucional en materia de seguridad fronteriza sacude a la Región de Tarapacá. El diputado por la zona, Álvaro Jofré, encendió las alarmas de fiscalización y calificó como una situación de la máxima gravedad los resultados de una reciente auditoría levantada por la Contraloría General de la República (CGR). El informe del órgano contralor desnudó una alarmante cadena de falencias, vulnerabilidades estructurales y severas brechas de seguridad en los procedimientos de control, trazabilidad y resguardo de cargamentos de drogas al interior del Aeropuerto Internacional Diego Aracena de Iquique.
La exhaustiva fiscalización del ente dirigido por la Contraloría tuvo su origen a raíz de un bullado procedimiento operativo real, instancia en la que se detectaron y hallaron sustancias ilícitas ocultas en maletas pertenecientes a un vuelo comercial en la losa del terminal aéreo iquiqueño. Lejos de resultar un éxito procedimental, la gestión posterior del hallazgo encendió los cuestionamientos técnicos del fiscalizador, transformándose en la prueba irrefutable de que los protocolos de control están colapsando en una de las principales puertas de entrada y salida del norte grande.
El informe del terror: Droga sin custodia policial y cámaras apagadas
Los antecedentes técnicos desclasificados en el documento de la Contraloría provocaron profunda indignación en las esferas políticas y judiciales de la macrozona norte debido a la facilidad con la que operaron las vulnerabilidades del recinto. El informe técnico consigna deficiencias estructurales críticas en el manejo de contingencias por narcotráfico, detallando la preocupante ausencia absoluta de resguardo policial sobre las sustancias ilícitas incautadas durante varias horas, dejando la evidencia de un crimen de alta gravedad en el más completo abandono temporal.
A esta vulnerabilidad se sumó la pérdida total de trazabilidad de la droga, la falta de un registro formal, escrito e inmediato del hallazgo del cargamento, y fallas operativas graves en los sistemas de cámaras de vigilancia del aeropuerto, las cuales no captaron o fallaron al momento de registrar los movimientos del cargamento ilegal.
Asimismo, la CGR evidenció una preocupante descoordinación institucional simultánea entre los cuatro organismos del Estado que operan en el recinto aeroportuario: la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), el Servicio Nacional de Aduanas, la Policía de Investigaciones (PDI) y Carabineros de Chile. Ninguna de las instituciones logró acoplar sus protocolos de forma oportuna, dejando un vacío logístico ideal para el accionar de organizaciones criminales.
«Cuando el Estado falla, quienes avanzan son las bandas criminales»
Frente a esta radiografía del descontrol, el diputado Álvaro Jofré golpeó la mesa con fuerza desde el Congreso Nacional, manifestando su total preocupación por el estado de indefensión en que se encuentra una infraestructura que catalogó como crítica y de resguardo nacional.
“Lo que revela este informe de Contraloría es gravísimo. Estamos hablando de una infraestructura estratégica para Tarapacá y para el país, donde se detectaron drogas, fallas de control, ausencia de resguardo policial por horas y una evidente descoordinación entre organismos del Estado”, fustigó con dureza el legislador. Asimismo, fue enfático en advertir que las autoridades de Gobierno no pueden bajarle el perfil al asunto: “Esto no puede ser tratado como un problema administrativo más, porque cuando el Estado falla en sus controles, quienes avanzan son las bandas criminales”, sentenció.
Exigencia inmediata de plazos y responsabilidades
Para el legislador de la bancada opositora, resulta insólito que mientras la ciudadanía de Iquique y Alto Hospicio exige mayores recursos policiales en las calles, los puntos estratégicos de conexión global muestren debilidades infantiles frente al fenómeno transnacional del crimen organizado y el tráfico de estupefacientes.
“Tarapacá viene enfrentando hace años una presión enorme por el narcotráfico y las redes que intentan usar nuestra región como zona de tránsito. Por eso resulta inaceptable que en un punto tan sensible existan brechas de seguridad, sistemas sin trazabilidad y equipos que no funcionan. Aquí se necesitan responsabilidades, plazos y medidas concretas”, argumentó de forma tajante Jofré.
Al cierre de su declaración pública, el diputado por Tarapacá anunció una ofensiva fiscalizadora de shock, confirmando que solicitará formalmente a las jefaturas nacionales y regionales de Aduanas, la DGAC, Carabineros y la PDI un desglose inmediato de las acciones correctivas que implementarán de urgencia en la losa del Diego Aracena. Para Jofré, la batalla contra el contrabando y las mafias exige que el Estado mantenga una presencia que sea blindada, inteligente y coordinada de forma permanente en todas las aduanas, pasos fronterizos y terminales de carga de la puerta norte del país.
