En los pasillos del Gobierno Regional del Bío Bío, los teléfonos no dejaban de vibrar. Era 13 de julio de 2023 y, desde muy temprano, la noticia corría como pólvora: Radio Bío Bío había destapado que $250 millones de pesos habían salido desde el GORE a una fundación vinculada a la excandidata a alcaldesa de Concepción, Camila Polizzi.
La bomba estalló de inmediato. A las seis de la mañana, el gobernador Rodrigo Díaz recibió en su celular el enlace con el reportaje. Minutos después, en el grupo de WhatsApp que compartía con su círculo más cercano —el administrador regional Rodrigo Martínez y su jefe de gabinete Rodrigo Alarcón, alias “El Chaucha”— los mensajes se cruzaban con nerviosismo.
-“Me da mucha rabia tener que explicar cosas de una iniciativa que nunca conocí. Los controles se deben elevar radicalmente”, escribió Díaz.
Alarcón respondió seco: – “Sí, gobernador, estamos viendo qué decir”.
El tono no era de simple preocupación administrativa. Era el comienzo de una carrera contrarreloj para contener un escándalo que, semanas después, no solo iba a terminar con Polizzi formalizada, sino con el propio corazón del Gobierno Regional bajo investigación.
El retorno del “Diablo”
En medio de ese torbellino apareció un personaje que parecía salido de otra época: Marcelo Rivera, exalcalde de Hualpén, condenado por corrupción y conocido en la política penquista como “El Diablo”.
Rodrigo Martínez dio la instrucción en un chat que hoy está en manos de la fiscalía:
-“Hablé con el Diablo. Llámalo e idealmente júntense con la niña. No se puede quedar atrás”.
La “niña” era Camila Polizzi, que desde ese minuto se transformó en un problema mayor para la administración regional. Rivera debía actuar como puente: coordinar abogados, transmitir mensajes, calmar a Polizzi y, sobre todo, evitar que se desmarcara del pacto de silencio que se intentaba instalar.
Pero Polizzi no estaba tranquila. Su desesperación quedó plasmada en otro mensaje:
-“Voy a tener que salir a defenderme. Nadie me contesta. El gobernador me está sacando la cresta con querella criminal incluida”.
La caja negra del GORE
La Unidad de Investigación de Radio Bío Bío, que accedió a cientos de páginas de antecedentes judiciales y conversaciones encriptadas, reveló que el Gobierno Regional no solo se preocupaba por su imagen. Había también maniobras para desviar fondos y “pitutos” para cercanos.
En un chat de marzo de 2023, el administrador regional le escribió al jefe de División de Desarrollo Social:
-“Simón, necesito instalar dos profesionales en algunos de los programas. Tienes opciones?”.
Los reportajes dan cuenta que incluso se analizó redirigir parte de los recursos asignados a Polizzi hacia un seminario de seguridad pública. El objetivo: borrar huellas, ganar tiempo y asegurar espacios de influencia con recursos fiscales.
El error del gobernador
El 31 de julio, Díaz sufrió uno de los episodios más incómodos de su gestión. En plena entrevista televisiva, se enteró que su jefe de gabinete sí había recibido alertas sobre la fundación de Polizzi meses antes. El golpe fue devastador: un gobernador sorprendido en vivo, sin respuesta clara y con su credibilidad tambaleando.
Desde entonces, la figura de Díaz ha estado bajo sospecha. Sus cercanos aseguran que nunca conoció los detalles. Los opositores lo acusan de mirar hacia otro lado mientras sus colaboradores tejían redes de favores y manejaban los fondos como moneda política.
La fiscalía contraataca
El Ministerio Público ya definió su estrategia: pide 15 años de cárcel para Rodrigo Martínez y Simón Acuña, 10 para Rodrigo Alarcón y 8 para Camila Polizzi. Todos enfrentan cargos por fraude al fisco y delitos asociados al caso fundaciones.
Las defensas, en tanto, responden con dureza. Alegan que se busca cortar “el hilo por lo más delgado” y aseguran que las decisiones siempre se tomaron “con conocimiento del gobernador”.
De los chats a la política real
Lo cierto es que los apodos de los protagonistas —“La Niña” y “El Diablo”— ya superaron el nivel de caricatura. Son hoy la representación de un sistema que quedó en evidencia: la fragilidad institucional de los gobiernos regionales, la facilidad con que se asignaban recursos públicos y el peso de las redes políticas informales.
Lo que comenzó como un traspaso de recursos a una fundación terminó convirtiéndose en uno de los capítulos más oscuros de la política del Bío Bío. Y, como reveló Radio Bío Bío, los verdaderos protagonistas no estaban en las actas oficiales, sino en los chats privados donde se diseñaba cómo apagar un incendio que, lejos de extinguirse, terminó por consumirlos a todos.
