La Corte Suprema rechazó el recurso de casación en el fondo, confirmando la condena contra un cabo de Infantería de Marina identificado como R.F.P.V. El delito consumado de desobediencia fue cometido en Iquique durante el Estado de Excepción Constitucional decretado por la pandemia de COVID-19.
Según el fallo, los hechos acreditados ocurrieron el 21 de agosto de 2020. El cabo R.F.P.V. recibió la orden directa de un superior para salir a patrullar entre las 18:00 y las 20:00 horas. Sin embargo, se negó a cumplirla argumentando que ya había patrullado. La negativa fue reiterada frente a la tropa reunida, configurándose la desobediencia.
Inicialmente, el tribunal lo condenó a 541 días de reclusión militar menor y suspensión de cargo, pena que posteriormente fue reemplazada por la accesoria de desvinculación de la institución, ratificada por el fallo unánime de la Corte Suprema.
La sentencia judicial no prosperó debido a que el recurso fue declarado «mal formulado» por la defensa. El máximo tribunal observó que la defensa incurrió en una «contradicción evidente»: aceptando hechos para cuestionar la calificación legal, pero luego intentando revalorar la prueba para alterar el marco fáctico, lo cual es improcedente en casación. El tribunal concluyó que el libelo «no satisface la tantas veces referida exigencia legal dimanante de la naturaleza de derecho estricto del arbitrio».
