A pocos días de que la Fiscalía presentara acusación formal en contra de los involucrados en el denominado caso Democracia Viva, la defensa de Daniel Andrade, fundador de la ONG investigada, solicitó al Juzgado de Garantía de Antofagasta la reapertura de la investigación.
La solicitud fue presentada el viernes 22 de agosto, luego de que el Ministerio Público acusara a Andrade por tres delitos de fraude al fisco, en el marco de los convenios suscritos entre la fundación y la Seremi de Vivienda de Antofagasta. La acusación contempla además penas de hasta 10 años de cárcel para él y otros tres involucrados, entre ellos la diputada y ex pareja de Andrade, Catalina Pérez.
DEFENSA CUESTIONA PRUEBAS
Los abogados del imputado cuestionaron un antecedente agregado por la Fiscalía el mismo día del cierre de la investigación: la presunta suscripción de un contrato de arriendo falso entre Democracia Viva y la propietaria de un inmueble en Ñuñoa.
En su presentación, la defensa sostuvo que se trata de acusaciones “absolutamente superficiales, infundadas y carentes de todo respaldo probatorio”, por lo que resulta indispensable practicar nuevas diligencias.
ANDRADE INSISTE EN SU INOCENCIA
Los representantes legales del fundador de Democracia Viva reiteraron su postura sobre la inocencia de su defendido:
🔹 “Don Daniel Andrade es inocente de los cargos que se le imputan y las afirmaciones del Ministerio Público carecen de sustento fáctico y jurídico”, afirmaron.
Asimismo, criticaron la decisión de cerrar la investigación de forma paralela a la reformalización:
🔹 “Resulta inadmisible que se pretenda cerrar una investigación el mismo día en que se llevó a cabo la reformalización, sin haber agotado las diligencias mínimas necesarias para esclarecer los hechos”, recalcaron.
EL CASO
El caso Democracia Viva estalló en junio de 2023, cuando se revelaron convenios entre la fundación dirigida por Andrade y la Seremi de Vivienda de Antofagasta, que habrían involucrado irregularidades en el uso de recursos públicos. El escándalo derivó en investigaciones políticas, administrativas y judiciales que marcaron la agenda nacional.
Con esta nueva solicitud de reapertura, la defensa de Andrade busca dilatar la causa y sumar antecedentes que, a su juicio, podrían debilitar la acusación del Ministerio Público. La decisión ahora queda en manos del tribunal.
