Tras una maratónica audiencia de ocho jornadas, el tribunal determinó que el exjefe de la Fiscalía Oriente representa un peligro para la sociedad. Guerra, imputado por cohecho y violación de secreto, deberá cumplir la medida cautelar en el anexo penitenciario Capitán Yáber por un plazo de 45 días.
En lo que se perfila como uno de los hitos más críticos para la credibilidad del sistema judicial chileno, el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago dictó la medida cautelar de prisión preventiva contra el exfiscal regional Metropolitano Oriente, Manuel Guerra. La resolución, informada por el juez Guillermo Rodríguez, pone fin a casi dos semanas de intensas argumentaciones donde el Ministerio Público expuso la presunta red de influencias y delitos que vinculan al otrora poderoso fiscal con el abogado Luis Hermosilla.
Los delitos que hunden al expersecutor
La fiscalía formalizó a Manuel Guerra por tres delitos de extrema gravedad para un funcionario público:
- Cohecho agravado: Relacionado con la presunta recepción de beneficios económicos o favores a cambio de gestiones en causas judiciales.
- Violación de secreto: Por la filtración de información reservada de investigaciones en curso hacia terceros.
- Prevaricación administrativa: Al haber dictado resoluciones injustas o contrarias a derecho en el ejercicio de su cargo.
Durante las ocho jornadas de formalización, los antecedentes expuestos revelaron una estrecha y cuestionable relación con el abogado penalista Luis Hermosilla, sugiriendo que el exfiscal habría actuado bajo intereses externos en casos de alta connotación pública mientras lideraba la fiscalía más importante del país.
Destino: Anexo Capitán Yáber
Atendiendo a su perfil y para resguardar su integridad física, el magistrado ordenó el ingreso inmediato de Guerra al Anexo Penitenciario Capitán Yáber, recinto destinado a reos de baja peligrosidad pero de alta connotación pública o vinculados a delitos económicos.
La decisión del tribunal se basó en la gravedad de los delitos imputados y el carácter reiterado de los mismos, estableciendo un plazo de 45 días para el cierre de la investigación. Durante este periodo, el Ministerio Público deberá agotar las diligencias pendientes que permitan determinar el alcance total de la red de corrupción que hoy mantiene a un exfiscal regional tras las rejas.
