La implementación del Royalty Minero en Chile significó un ingreso de $93 mil millones para 306 comunas del país, de los cuales $20 mil millones se destinaron a las zonas más afectadas por la contaminación minera. Según una publicación de CIPER, en la región de Tarapacá, la distribución de estos recursos ha generado debate sobre su pertinencia y su impacto real en la comunidad.
En Iquique, de los $454 millones asignados, $424 millones se utilizaron exclusivamente en el pago de sueldos de funcionarios municipales, a pesar de que la comuna enfrenta problemas críticos de infraestructura y salud. En octubre de 2024, el Hospital Regional Dr. Ernesto Torres Galdames reportaba un déficit de $6.000 millones que amenazaba su operación, evidenciando la tensión entre los recursos disponibles y las necesidades prioritarias de la población.
Por su parte, la municipalidad de Pozo Almonte destinó $29 millones para la compra de alimentos para perros y gatos, mientras la comuna mantiene una tasa de atención médica de apenas 80,2%, muy por debajo de la media regional. Estos ejemplos muestran un patrón en el que parte de los fondos del Royalty se utiliza en gastos de libre disposición que no siempre están alineados con la mitigación de los efectos de la minería en los territorios más vulnerables.
El Royalty Minero, vigente desde 2024, combina una tasa fija sobre ventas de cobre con un tramo variable sobre utilidades de las empresas mineras. Los recursos se canalizan a través del Fondo Común Minero (FCMI), cuyo objetivo declarado es compensar a las comunas que sufren las externalidades de la actividad minera.
Sin embargo, los informes municipales revelan que una proporción significativa de estos fondos se usa en gastos que no atienden las necesidades básicas de la población, como sueldos, eventos recreativos o adquisiciones que no mitigan los impactos ambientales y sociales.
El senador Esteban Velásquez, coautor de la ley, asegura que aunque los municipios pueden decidir cómo invertir los recursos, el uso discrecional debe estar acompañado de fiscalización, dado que la población minera enfrenta desafíos ambientales, sanitarios y de infraestructura derivados de la actividad extractiva.
El principal reto del país frente al Royalty Minero es garantizar que los recursos sean utilizados de manera efectiva para compensar los impactos ambientales y sociales de la minería, priorizando infraestructura, salud, educación y mitigación de daños, y no solo destinándolos a gastos de libre disposición que no benefician directamente a las comunidades afectadas.
La fiscalización, planificación estratégica y transparencia se perfilan como elementos clave para que el impuesto cumpla con su propósito original.
