La exfiscal regional Trinidad Steinert renunció al Ministerio Público para integrar el gabinete del presidente electo José Antonio Kast, en una decisión legal pero cuestionada internamente por la forma, el momento y el impacto que genera en la percepción de autonomía de la Fiscalía.
En el Ministerio Público el día comenzó como cualquier otro. Expedientes abiertos, causas en curso, teléfonos que no dejaban de sonar. Hasta que la noticia cayó como una bala perdida: Trinidad Steinert, fiscal regional en ejercicio, pasaba a integrar el gabinete del presidente electo José Antonio Kast.
No hubo reunión previa. No existió advertencia institucional. No sonó ningún teléfono desde La Moneda futura hacia la Fiscalía Nacional.
La información llegó por la prensa, y eso —en un organismo que vive de la forma tanto como del fondo— fue el primer golpe.
“Nos enteramos leyendo titulares”, reconoció en privado un alto funcionario del Ministerio Público. La molestia no fue solo por el hecho, sino por la forma.
UNA FIGURA CLAVE QUE NO PASABA DESAPERCIBIDA
Steinert no era una fiscal más en el organigrama. Desde Tarapacá había encabezado investigaciones emblemáticas contra el crimen organizado, persecuciones complejas contra redes internacionales y causas de alto impacto mediático vinculadas al narcotráfico y a bandas como el Tren de Aragua.
Su perfil técnico, duro y visible la había convertido en una de las fiscales regionales con mayor exposición pública del país. Precisamente por eso, su aterrizaje directo en un ministerio político encendió todas las alarmas internas.
“No se trata de si puede o no hacerlo. Se trata de lo que simboliza”, resumió un fiscal consultado.
EL VACÍO LEGAL QUE NADIE QUISO MIRAR… HASTA AHORA
La Constitución chilena establece restricciones claras para que fiscales regionales no den el salto inmediato a candidaturas parlamentarias. El objetivo es proteger la independencia del Ministerio Público y evitar tentaciones políticas mientras se ejerce el cargo.
Sin embargo, hay un detalle incómodo: la norma no prohíbe explícitamente el ingreso inmediato a un ministerio de Estado.
Ese vacío, que durante años pasó inadvertido, explotó con el caso Steinert.
Dentro de la Fiscalía, varios interpretan que el espíritu de la ley quedó vulnerado, aunque no su letra. Y cuando el espíritu se resiente, la confianza institucional también.
LA RENUNCIA, EL COMUNICADO Y EL INTENTO DE CONTENER EL DAÑO
Horas después del anuncio, la Fiscalía Nacional confirmó oficialmente la renuncia de Steinert. En su comunicado, subrayó que la designación de ministros es una facultad exclusiva del Presidente de la República y que el Ministerio Público no interviene en esas decisiones.
El texto fue correcto, formal, institucional.
Pero puertas adentro, el malestar seguía intacto.
“No es un problema jurídico, es un problema de señal”, repetían en los pasillos.
EL GOBIERNO ELECTO Y UNA APUESTA DE ALTO RIESGO
Desde el entorno de José Antonio Kast, la defensa fue clara: Steinert fue elegida por su experiencia real en seguridad, su conocimiento del delito y su capacidad operativa. Para el nuevo oficialismo, su llegada refuerza el mensaje de mano dura y gestión técnica.
En el Congreso, en cambio, las reacciones fueron mixtas. Mientras sectores oficialistas celebraron el nombramiento como una señal potente contra la delincuencia, desde la oposición se levantaron dudas sobre la frontera cada vez más borrosa entre persecución penal y poder político.
LO QUE REALMENTE INCOMODA: LA PERCEPCIÓN DE INDEPENDENCIA
El Ministerio Público no depende del gobierno de turno. Esa es su fortaleza.
Pero su legitimidad descansa, en gran parte, en la percepción ciudadana de autonomía absoluta.
Que una fiscal regional pase, sin período de enfriamiento, a integrar el gabinete presidencial deja una pregunta incómoda flotando en el aire:
- ¿Cuándo comenzó el vínculo político?
- Mientras investigaba, ya estaba siendo considerada como ministra?
Nadie lo afirma. Nadie lo prueba. Pero el solo hecho de que la duda exista ya es, para muchos fiscales, un problema grave.
UN ANTES Y UN DESPUÉS PARA LA FISCALÍA
El caso Steinert no solo marca un cambio de rol personal. Marca un precedente institucional.
Hoy, en el Ministerio Público, varios coinciden en algo: este episodio obligará a reabrir el debate sobre las reglas que separan justicia y política. Porque lo ocurrido no fue ilegal, pero sí incómodo, abrupto y revelador.
La Fiscalía seguirá funcionando. Las causas no se detendrán.
Pero la línea que antes parecía nítida ahora quedó difusa.
Y cuando la justicia se entera por la prensa de que uno de los suyos cruzó al poder, el temblor no se siente afuera: se siente adentro.
