Cómo una mansión histórica, políticos de alto nivel y una pesquisa de alto perfil terminaron en un “no perseverar” anunciado desde la Fiscalía Regional de Coquimbo.
En el corazón de Providencia se alza la casa de la calle Guardia Vieja 392, más que una construcción: un símbolo. Allí vivió Salvador Allende con su familia antes de abandonar la residencia para ocupar La Moneda. Sin embargo, ese legado histórico se convertiría en protagonista de un entramado político, institucional y mediático que hoy culmina de manera inesperada.
Este lunes 20 de octubre, la Fiscalía Regional de Coquimbo comunicó al 7.º Juzgado de Garantía de Santiago la decisión de no perseverar en la investigación por presunto tráfico de influencias y fraude al fisco vinculado a la fallida compraventa de la casa. Así lo confirmó el organismo: “reunida y analizada la información recopilada…, no se disponen por ahora de antecedentes que permitan sostener una imputación en contra de sujetos determinados”.
Una casa con pasado: del hogar presidencial al escándalo
La casa en Guardia Vieja 392 es más que ladrillos y madera; es memoria viva. Construida en 1948 por el arquitecto Fernando Castillo Velasco y ocupada por Allende desde 1953 hasta 1971, la residencia fue testigo de campañas, tertulias, decisiones políticas y la intimidad de un mandatario que hoy forma parte del legado nacional.
En 2024-2025, el Estado chileno intentó adquirir esta propiedad para transformarla en museo. El anuncio generó titulares: una operación por 933 millones de pesos (aproximadamente US$922.000) que pronto se vio envuelta en polémicas de legalidad, propiedad y conflicto de interés.
Uno de los ejes del escándalo fue que la casa pertenecía, en parte, a altos personajes del poder político: la ministra de Defensa, Maya Fernández Allende —nieta de Allende— figuraba como copropietaria, así como la senadora Isabel Allende Bussi, hija del expresidente. Esto activó el artículo 37 bis (ministros) y el artículo 60 (parlamentarios) de la Constitución, que prohíben celebrar contratos con el Estado.
La investigación: diligencias, declaraciones y escasas certezas
La causa se inició de oficio por la fiscalía el 8 de enero de 2025; al día siguiente, 9 de enero, ya se sumaron denuncias de querellantes.
El equipo de la Unidad SAC (Unidad de Análisis Criminal, Crimen Organizado y Alta Complejidad) desplegó un auténtico operativo investigativo:
- 42 declaraciones a testigos —funcionarios de la Presidencia, del Ministerio de las Culturas, de la Secretaría General de la Presidencia, de la Contraloría—.
- 10 personas fueron citadas como imputadas.
- Se requirió la entrega voluntaria de correos electrónicos, pendrives, discos duros, cuadernos de 11 entidades/personas particulares (50ª Notaría, Conservador de Bienes Raíces de Santiago, Ministerio de Bienes Nacionales, entre otros).
- 15 instrucciones específicas a la Policía de Investigaciones (PDI) para determinar domicilios de imputados, rastrear transferencias entre la Fundación Salvador Allende y el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, y activar sumarios administrativos.
- Una peritación de tasación fiscal del inmueble, junto con fijación planimétrica/fotográfica.
- Solicitudes de incautación de teléfonos celulares, análisis forense de dispositivos virtuales y físicos, entrada y registro de domicilios (denegada por el tribunal, 27 febrero).
Pese a este amplio despliegue, la conclusión fue que no se reunieron los elementos para avanzar a una imputación formal. En sus propias palabras: “sin perjuicio de otras informaciones que pudieran surgir”.
¿Por qué “no perseverar”? Los vacíos del caso
Las causas que explican el cierre —al menos en su forma actual— de la investigación pueden sintetizarse así:
- Ausencia de sujetos claramente identificados como responsables —la fiscalía advirtió que no cuenta con “sujetos determinados”.
- Propiedades de difícil trazabilidad —la complejidad de la estructura hereditaria de la vivienda, múltiples copropietarios, transacciones previas y conflictos de interés.
- Impedimentos legales originales —la cadena de propiedad incluye figuras inhabilitadas por la Constitución para vender al Estado, lo que detonó antes que avanzara la operación.
- Presión mediática, política y simbólica —una casa con carga histórica, una figura política de peso, un gobierno bajo escrutinio. Todo ello encendió focos que quizá complicaron la investigación.
El símbolo que quedó flotando
La casa de Guardia Vieja 392 vuelve a la calma —al menos institucionalmente— pero deja huella. Un símbolo político, una operación abortada, una investigación que no logró avanzar y una decisión de no perseverar que, para algunos, abre más preguntas que respuestas.
La ministra Maya Fernández reconoció que “el proceso no fue bien llevado y eso lamento”. La familia Allende insiste en que actuó de buena fe. Pero fuera de la declaración de intenciones, lo que queda es:
- Un proyecto de museo abortado.
- Un mandato investigativo que se cierra sin imputados.
- Una historia pública de poder, memoria y contratos que quedó en juicio más que en sentencia.
¿Y ahora qué sigue?
El séptimo Juzgado de Garantía de Santiago fijará próximamente una audiencia pública para comunicar formalmente la decisión de no perseverar.
Mientras tanto:
- Pueden surgir nuevos antecedentes que reabran la causa.
- El Estado y la familia del expresidente deberán decidir el destino de la casa y su uso patrimonial.
- En el plano político, la sensación de impunidad o de falta de claridad puede calar hondo en la opinión pública.
En definitiva: la casa de Allende —que resistió terremotos políticos, debates sociales y el paso del tiempo— vuelve a ser centro de un episodio que mezcla historia, política, herencia y justicia. Y aunque no hubo culpables hoy, la memoria de esas paredes sigue hablando.
“La casa puede cambiar de manos, los muros pueden quedarse mudos, pero la historia no se vende”, me dijo un historiador que visitó la propiedad hace unos años. Y tal vez ese sea el legado más fuerte que queda: que algunos casos, aunque no imputados, nos recuerdan que la memoria exige respuestas, incluso cuando la justicia opta por el silencio.
