La advertencia resonó como un golpe de mazo en la Tercera Subcomisión Mixta de Presupuesto.
Entre carpetas repletas de cifras, rostros tensos y un aire de urgencia que impregnó la sala, el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco, levantó la voz para emitir una alerta que podría marcar el rumbo de la justicia chilena en 2026:
“Los recursos asignados resultan insuficientes para garantizar una justicia de calidad, oportuna y accesible. La ciudadanía merece un Poder Judicial a la altura de sus demandas”.
El diagnóstico fue demoledor. Y no vino solo. A su lado, la ministra Gloria Ana Chevesich, la directora (s) de la Corporación Administrativa del Poder Judicial Andreina Olmo, el subdirector (s) Alex Saravia, y el director de la Academia Judicial Juan Enrique Vargas, trazaron un mapa preocupante: un sistema judicial al borde del colapso presupuestario, con más causas, menos recursos y estructuras que envejecen sin renovación.
Justicia en números rojos
La exposición del Poder Judicial ante los parlamentarios dejó cifras que helaron el ambiente.
La directora suplente, Andreina Olmo, detalló con frialdad quirúrgica que el presupuesto asignado para 2026 —$761.216 millones— apenas representa un crecimiento del 0,8% respecto al año anterior.
Sin embargo, el golpe más fuerte llegó con una frase que retumbó en la sala:
“Si se aplica el reajuste proyectado, el déficit real será de 18 mil millones de pesos”.
Ese agujero financiero, según explicó, amenaza con paralizar parte de las operaciones básicas de los tribunales, desde la renovación de equipos tecnológicos hasta la mantención de vehículos judiciales que ya superan más de 10 años de servicio y hoy se mantienen funcionando “a pura voluntad y repuestos reciclados”.
Obras detenidas y juicios en espera
Otro foco de alarma lo puso el presupuesto destinado a infraestructura: $39 mil millones, frente a los $60 mil millones requeridos. La cifra obliga a “priorizar lo urgente y suspender lo nuevo”.
En palabras simples, no habrá nuevos tribunales, ni mejoras significativas, solo continuidad para las obras ya en marcha.
“Estamos obligados a decidir qué edificio se termina y cuál se deja a medio construir”, lamentó Olmo ante la comisión, mientras varios parlamentarios tomaban notas con gesto adusto.
A ello se suma el aumento exponencial de causas, la mayor complejidad de los delitos y la promulgación de leyes sin financiamiento asociado. En regiones como Tarapacá, Biobío y la Metropolitana, el sistema ya muestra señales de saturación: jueces con cargas imposibles y salas colapsadas.
“Presupuesto de continuidad”: un eufemismo para la crisis
En su intervención, el presidente Blanco fue categórico: lo que el Ejecutivo llama “presupuesto de continuidad” es, en la práctica, un presupuesto de sobrevivencia.
El incremento del 0,8% apenas cubrirá los gastos básicos, sin permitir mejoras sustantivas ni responder al explosivo crecimiento de la demanda judicial.
“Sin recursos adecuados —advirtió—, se arriesga la esencia misma de la justicia: su acceso universal y oportuno”.
Jueces agotados y leyes sin financiamiento
El panorama interno tampoco es alentador. La planta de jueces y juezas no se ha actualizado en años, pese al aumento sostenido de causas.
“Hay magistrados que deben revisar más de 400 expedientes por semana”, reveló una fuente interna de la Corporación Administrativa.
El problema se agrava con la implementación de nuevas leyes —muchas de ellas aprobadas sin respaldo económico— que generan nuevas obligaciones para tribunales y fiscalías judiciales.
“Cada ley que se aprueba sin financiamiento es una piedra más en la mochila del sistema judicial”, señaló Olmo con evidente frustración.
La Academia Judicial: formar sin fondos
El director de la Academia Judicial, Juan Enrique Vargas, sumó otra preocupación: el financiamiento para la formación de nuevos jueces.
En 2026 se proyectan tres programas de formación y la selección de otros dos, con un total de 72 egresados. Sin embargo, los recursos “apenas alcanzan para sostener lo mínimo”.
“El recambio natural de jueces está en riesgo. Sin formación adecuada, el sistema puede perder calidad y credibilidad”, enfatizó.
La advertencia final: sin refuerzo, habrá justicia lenta y desigual
El Poder Judicial fue claro: el presupuesto 2026 no alcanza.
De no suplementarse con recursos adicionales, el servicio judicial podría resentirse gravemente, afectando la atención a víctimas, la ejecución de sentencias y los plazos procesales.
Ante la comisión, Olmo cerró con una petición directa:
“Solicitamos dar prioridad legislativa a las leyes que incrementen la dotación de jueces y financien adecuadamente la justicia chilena. La sobrecarga actual es insostenible”.
📜 Epílogo en el Congreso: promesas y silencios
La Tercera Subcomisión Mixta de Presupuesto —presidida por el senador Juan Antonio Coloma, e integrada por Daniel Núñez, Luz Ebensperger, Agustín Romero y Jaime Sáez— agradeció la exposición y prometió oficiar a los ministerios de Hacienda y Justicia.
El compromiso: que las futuras leyes que afecten el trabajo de los tribunales incluyan los recursos que el Poder Judicial necesita para funcionar.
Pero entre los pasillos del Congreso, el murmullo era otro:
“Promesas hay muchas. Plata, poca.”
Y así, entre planillas y discursos, el sistema que garantiza la justicia en Chile se debate entre la dignidad y la precariedad, esperando que en el 2026 no le llegue su propio veredicto de crisis.
