Pese a las metas de reducción impuestas por el Ejecutivo, el registro de personas aguardando por una cirugía o especialista superó los 2,4 millones al cierre de 2025. Un informe de Libertad y Desarrollo advierte que las promesas de gestión no se cumplieron, marcando un saldo negativo en el acceso a la salud.
El sistema de salud público enfrenta uno de sus momentos más críticos. Según un reciente análisis de Libertad y Desarrollo (LyD), basado en datos de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, las listas de espera en los hospitales del país han experimentado un crecimiento sostenido durante la administración del Presidente Gabriel Boric, acumulando un incremento del 21% entre el inicio de su mandato y fines de 2025.
Las cifras del estancamiento
El informe detalla una realidad preocupante para los usuarios de Fonasa: mientras que en marzo de 2022 el registro contabilizaba a 2.061.352 personas aguardando atención, el cierre del último trimestre de 2025 arrojó una cifra de 2.495.817 pacientes.
Esto se traduce en que, durante este periodo, 434.465 nuevas personas se sumaron a la fila para obtener una consulta de especialidad, una cirugía o una atención retrasada de las Garantías Explícitas en Salud (GES).
Metas incumplidas y peak histórico
Aunque el año pasado mostró una ligera reducción tras alcanzar un peak histórico durante el primer trimestre de 2025, la tendencia general del actual Gobierno es al alza. El análisis es categórico respecto al desempeño de las autoridades sanitarias:
«La gestión del Gobierno para disminuir las listas de espera y los tiempos de atención no es positiva. De hecho, las mismas metas que se autoimpuso el Gobierno no lograron ser cumplidas», sostiene el reporte de LyD.
Radiografía de la espera
El aumento del 21% incluye tanto las listas de espera No GES (especialidades médicas y cirugías generales) como los retrasos en las patologías GES, que por ley tienen plazos máximos de atención que hoy están siendo vulnerados.
Para los expertos, este escenario refleja una incapacidad de gestión para absorber la demanda asistencial post-pandemia y una falta de eficiencia en el uso de los pabellones y recursos hospitalarios, dejando a casi 2,5 millones de chilenos en la incertidumbre sobre su estado de salud.
