CRIMEN DE 4 MENORES EN ECUADOR: FUERON TORTURADOS Y ASESINADOS TRAS SER DETENIDOS POR MILITARES
Durante semanas, Ecuador no exigió otra cosa que la aparición con vida de los cuatro niños que el 8 de diciembre fueron detenidos por una patrulla militar.
Saúl, Josué, Ismael y Steven eran sus nombres. El más grande tenía 15 años y el más pequeño apenas 11. Volvían a sus casas luego de jugar al fútbol en la canchita del barrio Las Malvinas, en el sur de la ciudad de Guayaquil, como tantas otras veces, pero desde aquella jornada vivieron una serie de acciones que terminarían con sus vidas.
Medios internacionales confirmaron la noticia, y es que a unas horas de la medianoche del pasado 31 de diciembre, se encontraron los restos incinerados hallados en una zona pantanosa de la localidad de Taura.
La Fiscalía había dado la noticia a los familiares: los análisis periciales no dejaban duda. No estaban vivos. La desaparición, que durante 23 días alimentó la exigencia de justicia, se transformaba en una pesadilla irreversible para sus familiares. La Asamblea ecuatoriana declaró tres días de luto y ha exhortado al Gobierno de Daniel Noboa a ejercer todo el peso de la ley por el crimen de los menores.
HECHOS Y RESPONSABILIDADES
Hoy se sabe que 16 militares los aprehendieron.
En la sala de audiencias, el juez Deniss Ugalde aceptó la solicitud de la Fiscalía y procesó a los militares por desaparición forzada, un delito que, según la ley ecuatoriana, puede conllevar penas de hasta 26 años de prisión. El magistrado dictó prisión preventiva durante 90 días, tiempo en el que se investigará el caso.
Según consigna el diario EL PAÍS, el 24 de diciembre, la policía ecuatoriana siguió una pista en la remota localidad de Taura, un pueblo situado a 46 kilómetros de Guayaquil, marcado por la pobreza y la desatención estatal. En este rincón olvidado, el crimen organizado opera con total impunidad a sombras de una base militar. En la conocida zona del kilómetro 26, los agentes de investigación llegaron para intentar dar con el paradero de los cuatro niños desaparecidos, que la última vez que fueron vistos estaban sometidos y eran golpeados en el balde de una camioneta llena de militares. Todo quedó grabado por cámaras de videovigilancia, que fueron la evidencia para que las autoridades del Gobierno de Daniel Noboa reconozcan la participación de los soldados, tras varios días de negación.
Según la versión de los soldados, ellos llevaron a los niños hasta el pueblo de Taura y los soltaron con vida, sin dar cuenta a las autoridades competentes ni seguir los procedimientos legales establecidos, como la entrega a la policía especializada en menores. Sin embargo, un testigo clave dio otros detalles: un hombre al que han denominado como “el samaritano” fue el único dispuesto a abrir la puerta a los menores. Golpeados, desnudos y aterrados, los niños llegaron hasta él. El hombre les prestó su teléfono móvil para que uno de ellos pudiera llamar a su padre. Eran las 22:59 del 8 de diciembre cuando los chicos tocaron la puerta de su casa.
El “samaritano” les dio agua y unos boxers para que pudieran vestirse. En su testimonio anticipado ante la Fiscalía, detalló que, a pesar de su ayuda, les pidió que no entraran a su casa. Les sugirió que se escondieran mientras esperaban ser rescatados por sus padres. Sin embargo, antes de que una patrulla policial pudiera llegar, la tragedia dio un giro aún más oscuro. Unos minutos después de que uno de los adolescentes llamó a su padre, un par de hombres encapuchados llegaron en motocicleta y se llevaron a los menores. Esa fue la última vez que se les vio, y la dirección en que fueron llevados parecía clara, hacia un río. Allí encontraron la muerte.
La declaración por parte del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, de la “existencia de conflicto armado” en el país, movilizando a las Fuerzas Armadas a escala nacional, mediante el decreto del 9 de enero de 2024, es señalada por las organizaciones de derechos humanos, intelectuales y activistas, como uno de los principales antecedentes en la génesis de los hechos ocurridos.
“Los 4 niños de Malvinas son el rostro de las desapariciones forzadas resultado de la política ejecutiva de seguridad”, atribuyen responsabilidades en un pronunciamiento conjunto numerosas organizaciones de derechos humanos del país.
