CPI APAGA LA LUZ EN CARACAS: EL DÍA EN QUE LA HAYA SE CANSÓ DEL RÉGIMEN DE MADURO
La Corte Penal Internacional decidió cerrar su oficina en Caracas tras constatar que el régimen de Nicolás Maduro no entregó documentación, no permitió acceso a expedientes ni avanzó en reformas comprometidas, confirmando la falta de cooperación en la investigación por crímenes de lesa humanidad. Aunque la sede se retira, el proceso sigue activo en La Haya, con la recolección de evidencia acelerada y la posibilidad de órdenes de arresto aún sobre la mesa.
La noticia cayó como un portazo que retumba desde La Haya hasta el Palacio de Miraflores: la Corte Penal Internacional (CPI) decidió cerrar su oficina en Caracas. No por protocolo, no por logística, no por rutina administrativa. La cerró porque —en sus propias palabras— “no hubo progreso real”. Un eufemismo diplomático para decir que Venezuela no cooperó. En absoluto.
La decisión, anunciada por el fiscal adjunto Mame Mandiaye Niang ante la 24ª Asamblea de los Estados Parte del Estatuto de Roma, reventó el cuidadoso discurso de normalidad que el chavismo intenta sostener desde hace años.
Mientras Niang hablaba en un salón solemne de La Haya, en Caracas el gobierno de Nicolás Maduro afinaba una respuesta que llegó horas después, cargada de irritación, victimismo geopolítico y un viejo libreto: acusar a la CPI de atender una agenda anti-Venezuela.
Sin embargo, la realidad detrás del cierre es más incómoda y más profunda.
UN AÑO EN CARACAS QUE NO FUE
La oficina de la CPI en Venezuela, inaugurada en 2024 con la promesa de “acompañar” a las instituciones del país, nunca llegó a funcionar plenamente.
Niang lo dijo sin rodeos: en siete meses, la Fiscalía no pudo instalar personal, no recibió la documentación comprometida, no obtuvo acceso a expedientes, ni consiguió que el régimen avanzara en las reformas legales que ya habían sido acordadas.
En otras palabras: Venezuela abrió la puerta… pero nunca dejó entrar a nadie.
La complementariedad —el principio que exige que los Estados investiguen por sí mismos los crímenes más graves— quedó en un punto muerto. De allí que Niang sentenciara que “el desafío sigue siendo enorme” y, con ello, la decisión inevitable:
“Hemos decidido cerrar la oficina en Caracas para administrar eficientemente nuestros recursos”.
Un cierre que suena a castigo o a advertencia.
LA INVESTIGACIÓN NO SE DETIENE: MÁS BIEN LO CONTRARIO
Si en Miraflores alguien celebró el cierre como un triunfo político, la CPI se encargó de sepultar ese entusiasmo apenas segundos después: la investigación por crímenes de lesa humanidad continúa activa, firme y en expansión.
El expediente cubre delitos cometidos desde 2014: torturas, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, persecución política, abusos sistemáticos.
Con o sin oficina en Caracas, el equipo en La Haya sigue trabajando, ahora sin las restricciones —ni el teatro diplomático— del gobierno venezolano.
El fiscal Karim Khan ya se había excusado meses antes del caso por un conflicto de interés familiar. Sin embargo, la Corte fue explícita: el cambio de fiscal no afecta el proceso. Ni lo ralentiza. Ni lo atenúa.
La citación, las eventuales órdenes de arresto y el avance del caso dependen únicamente de los jueces de la CPI.
LA CONTRAOFENSIVA DEL CHAVISMO: NEGARLO TODO
La respuesta del régimen fue inmediata y furiosa.
Un comunicado oficial aseguró que Venezuela fue “el primer país del continente” en ratificar el Estatuto de Roma y que su compromiso con la justicia internacional es “firme y de buena fe”.
Luego vino la parte más predecible:
—En Venezuela no se han cometido crímenes de lesa humanidad.
Una frase repetida desde hace años pese a los informes de Naciones Unidas, de ONG internacionales, de víctimas y de decenas de testimonios presentados ante la CPI.
El gobierno acusó al tribunal de “instrumentalizar” la justicia y de no cumplir los acuerdos firmados. Afirmó que la oficina nunca tuvo personal porque la Fiscalía “no lo envió”, evitando mencionar que las condiciones de trabajo solicitadas nunca fueron garantizadas.
En pocas palabras: Caracas le devolvió la culpa a La Haya.
MADURO, TRUMP Y LA IMPOSIBLE NEGOCIACIÓN
Mientras ocurría esta colisión institucional, otro capítulo abría una grieta inesperada.
La prensa internacional reveló que Nicolás Maduro habría pedido a Donald Trump —si vuelve a la Casa Blanca— que interceda para anular el proceso en la CPI a cambio de amnistía, levantamiento de sanciones y salvoconducto.
Una transacción que suena más a un intento desesperado que a una estrategia diplomática.
Desde La Haya, el abogado venezolano Juan Carlos Gutiérrez, representante de víctimas ante la CPI, fue claro: “Estados Unidos no puede cancelar una investigación de la Corte Penal Internacional”.
A lo sumo, podría pedir una suspensión temporal vía Consejo de Seguridad de la ONU, y solo en contextos de transición política o procesos de paz.
Nada de eso ocurre hoy en Venezuela.
Trump, por su parte, rechazó el planteamiento y solo ofreció —según Reuters— la posibilidad de un exilio para Maduro “para preservar la vida suya y de su familia”.
Un mensaje con aroma a ultimátum.
LA INVESTIGACIÓN SIGUE, EL MIEDO TAMBIÉN
Pese al cierre de la oficina, la CPI confirmó que la recolección de evidencia continúa, que los fiscales trabajan en La Haya y que los jueces pueden emitir órdenes de arresto cuando lo consideren pertinente.
Y Venezuela lo sabe.
El régimen está atrapado en una paradoja que lo persigue desde 2014: cuanto más enfrenta a la CPI, más sólida se vuelve la investigación; cuanto más la bloquea, más se confirma la falta de complementariedad.
Por eso, para muchos analistas, el cierre de la oficina no es un retroceso. Es un paso hacia la fase más decisiva del proceso.
El capítulo venezolano ante la Corte Penal Internacional —uno de los más complejos en la historia latinoamericana— acaba de entrar en un punto de no retorno.
