La Corte Suprema remitió a la Cámara de Diputadas y Diputados el informe sobre el proyecto de ley que modifica el Código de Justicia Militar, iniciativa que busca restringir la competencia de los juzgados militares en causas relacionadas con narcotráfico y crimen organizado. La normativa fue analizada en el Pleno del 8 de septiembre y enviada formalmente a la Cámara el 15 de septiembre.
Según el informe, el proyecto pretende que la justicia militar se concentre exclusivamente en delitos de naturaleza militar, vinculados con la obediencia, disciplina y estructura interna de las Fuerzas Armadas, mientras que los delitos contemplados en la Ley N° 20.000 (narcotráfico) y Ley N° 19.913 (crimen organizado) deben ser investigados por la justicia ordinaria, dado que protegen bienes jurídicos distintos, como la salud pública, el orden público económico y el mercado financiero.
No obstante, la Corte Suprema advirtió que la redacción actual del proyecto podría excluir a la justicia militar incluso en tiempos de guerra, trasladando automáticamente estas causas a tribunales civiles, lo que generaría dificultades operativas y logísticas significativas, e incluso podría comprometer la eficacia de las investigaciones en contextos bélicos. Por esta razón, el informe recomienda excluir expresamente del alcance de la reforma los delitos cometidos en tiempo de guerra.
El informe enfatiza que la competencia de la justicia militar debe centrarse en delitos estrictamente militares, mientras que los crímenes complejos vinculados al narcotráfico y al crimen organizado sean tratados por la justicia civil, garantizando mayor eficacia, especialización y protección de bienes jurídicos fundamentales.
Con esta iniciativa, se busca equilibrar la función disciplinaria y operativa de la justicia militar con la protección efectiva de la sociedad frente a delitos graves, asegurando que cada jurisdicción se haga cargo de los casos de acuerdo con su competencia natural y capacidad operativa.
