La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó al Estado chileno por la violación de los derechos de un grupo de ciudadanos que buscaban reparación por la confiscación de la radio “La Voz del Sur”, ocurrida tras el golpe de Estado de 1973. Según la sentencia, el Estado vulneró los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial, al impedir la acción reparatoria mediante la aplicación de la prescripción.
Los hechos se remontan a septiembre de 1973, cuando fuerzas dependientes del Ministerio de Defensa tomaron el control de la emisora ubicada en Punta Arenas, impidiendo su funcionamiento. La emisora —vinculada a la Unidad Popular— fue confiscada y transferida al Estado mediante decretos emitidos entre 1974 y 1975. Sus propietarios fueron detenidos y posteriormente presentaron recursos legales para anular esas disposiciones, obteniendo inicialmente un fallo favorable.
En 2004, sin embargo, la Corte Suprema de Chile acogió un recurso de casación del Fisco, argumentando que, si bien los decretos eran nulos, la acción para solicitar compensaciones económicas ya había prescrito. Este criterio fue cuestionado por la Corte IDH, que determinó que en casos de violaciones de derechos humanos se deben aplicar estándares distintos, considerando la gravedad de los hechos y el contexto de dictadura.
Como parte de la reparación, el fallo ordena al Estado realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional, además de asegurar la aplicación del control de convencionalidad sobre normas internas que regulen la prescripción en acciones de reparación. Esta sentencia sienta un precedente para futuras causas de violaciones ocurridas durante el régimen militar.
