Durante este martes 6 de octubre, la comisión especializada analizó los antecedentes técnicos e informes psicosociales presentados por Gendarmería para reclusos de Alto Hospicio, Iquique y Pozo Almonte. La jornada estuvo marcada por la aplicación de la ley que endureció los requisitos de salida y por la presentación de 12 alegatos formales entregados por las propias víctimas de los delitos.
Llegó la fecha en el calendario judicial. Este martes 6 de octubre se constituyó la Comisión de Libertad Condicional de la jurisdicción de Iquique para resolver el futuro procesal de 325 internos de las unidades penales de Tarapacá.
Se trata de la revisión correspondiente al segundo semestre del año, donde el organismo administrativo autónomo —que se reúne estrictamente en abril y octubre— debe evaluar carpeta por carpeta los antecedentes elevados por los tribunales de conducta de los distintos recintos penitenciarios de la zona.
Alto Hospicio concentra la gran mayoría de los expedientes
El volumen más grande de carpetas proviene del penal de mayor capacidad de la región. De las 325 carpetas en tabla, 250 corresponden a reclusos del Complejo Penitenciario de Alto Hospicio, recinto que alberga la mayor población penal de la provincia.
El resto de la nómina se divide entre los otros dos centros de la jurisdicción: 63 solicitudes pertenecen a internos del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Iquique y 12 carpetas corresponden a personas que cumplen condena en el Centro de Educación y Trabajo (CET) de Pozo Almonte.
Un equipo de cinco jueces lidera las evaluaciones técnicas
La comisión no trabaja al azar. Su conformación está regulada por ley y este semestre quedó integrada por un ministro de la Corte de Apelaciones de Iquique, junto a dos jueces del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de la ciudad y dos magistrados del Juzgado de Garantía local.
Este grupo de jueces se encarga de contrastar las propuestas presentadas por los equipos técnicos de Gendarmería con el marco legal vigente, determinando de manera fundada si cada postulante reúne o no las condiciones para terminar de cumplir su pena en libertad.
Mitad de condena, conducta intachable e informe psicosocial obligatorio
Postular a este beneficio exige cumplir una serie de coladores legales cada vez más estrechos. Bajo el Decreto Ley N°321 y sus posteriores reformas, los reclusos deben haber cumplido obligatoriamente la mitad de la pena para delitos comunes y dos tercios de la condena cuando se trata de delitos graves.
A eso se suma la exigencia de mantener una conducta intachable dentro del penal y contar con un informe de postulación psicosocial elaborado por profesionales de Gendarmería. Este documento es clave: mide los factores de riesgo de reincidencia y evalúa si existen posibilidades reales de que la persona se reasuma en la sociedad sin volver a delinquir.
Leyes más duras y la voz de las víctimas sobre la mesa
Un ingrediente clave en esta sesión es la aplicación de la Ley N°21.627, normativa promulgada a fines de 2023 que elevó las exigencias para otorgar beneficios carcelarios y le dio un espacio formal a quienes sufrieron los delitos.
La legislación vigentes exige que las víctimas sean notificadas cuando un condenado postula a la libertad condicional o a permisos de salida. Además, les permite presentar alegaciones escritas o exponer directamente ante la comisión. Para la jornada de este martes en Iquique, se presentaron 12 escritos de víctimas que buscan frenar la salida de sus victimarios, insumos que los jueces debieron ponderar obligatoriamente al momento de resolver.
