El nuevo dictamen de la contralora Dorothy Pérez prohíbe que las corporaciones municipales —entidades privadas que administran educación, salud y áreas sociales con fondos fiscales— anticipen o completen el pago de licencias médicas a sus trabajadores. La resolución afirma que ningún peso público puede destinarse a beneficios no contemplados en la ley y advierte que estas prácticas ponen en riesgo el patrimonio municipal. El pronunciamiento golpea a cientos de corporaciones del país y abre un inminente conflicto judicial.
Durante años, un silencioso engranaje funcionó bajo la sombra de las administraciones locales: corporaciones municipales que, pese a operar como entidades privadas, manejaban recursos públicos como si fueran extensiones libres de los municipios, pero ese tiempo terminó. Y lo hizo de manera abrupta, con un dictamen que ya provoca tensiones, llamados de emergencia y reuniones urgentes en varias alcaldías del país.
El documento, firmado por la contralora Dorothy Pérez, se transformó en una bomba política y administrativa: las corporaciones municipales no pueden usar dinero fiscal para anticipar el pago de licencias médicas a sus funcionarios. No ahora, no nunca.
El golpe fue directo. Y para muchas entidades, inesperado.
Un dictamen que reescribe las reglas del juego
Todo comenzó con una consulta aparentemente inocente de la Corporación Municipal de San Miguel, que buscaba claridad para seguir cubriendo el pago íntegro de remuneraciones a trabajadores con licencia médica. La respuesta que llegó desde Teatinos 56 fue más que un pronunciamiento técnico: fue una advertencia.
La Contraloría advirtió que estas corporaciones, aunque administran educación, salud y programas sociales, son personas jurídicas de derecho privado, y por tanto no pueden disponer libremente de recursos públicos.
El mensaje fue categórico: los fondos fiscales tienen destinos precisos, objetivos acotados y límites inquebrantables.
Y pagar licencias médicas adelantadas —o incluso complementadas más allá de la norma— no está dentro de esos fines.
“No existe norma que lo permita”: la frase que encendió alarmas
El dictamen fue explícito: no existe normativa que permita a estas entidades anticipar estipendios, complementar remuneraciones o otorgar montos superiores a los establecidos por la ley durante periodos de incapacidad laboral.
En otras palabras: todo pago extra, toda “ayuda”, toda práctica extendida como acto de buena voluntad administrativa, era improcedente.
Y más grave aún: podía poner en riesgo el patrimonio público, generando “derechos excesivos” y comprometiendo la eficiencia financiera de entidades que, muchas veces, administran presupuestos precarios.
Las corporaciones en la mira: del caso de los viajes con licencia al nuevo cerco fiscalizador
Este dictamen no cayó del cielo.
Forma parte de una ofensiva mucho más amplia que lidera la contralora Pérez para controlar el uso de recursos públicos asociados a licencias médicas.
La arremetida comenzó con el escándalo de los funcionarios con licencia que viajaron al extranjero, descubierto tras un cruce masivo de datos.
El país se sorprendió, la Contraloría actuó, y las repercusiones siguen hasta hoy.
Ahora, el ente contralor mueve la frontera un poco más: las corporaciones municipales quedan bajo un escrutinio más estricto que nunca.
Molestia, tensión y posible guerra judicial
Mientras el documento empezaba a circular este 18 de noviembre, las reacciones no se hicieron esperar.
Alcaldes preocupados.
Dirigentes municipales indignados.
Corporaciones buscando interpretaciones alternativas.
Estudios jurídicos evaluando acciones.
El dictamen es sólido, directo y difícil de evadir.
Pero, como ya ocurrió con la polémica sobre la “confianza legítima” de los funcionarios a contrata, todo apunta a que este nuevo pronunciamiento podría terminar judicializado.
Un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones no es descartado.
De hecho, es casi un hecho.
Pero hay un antecedente que inquieta a quienes quieren pelearla: hasta ahora, la contralora Dorothy Pérez mantiene todos sus fallos en pie. No ha perdido ninguno.
La pregunta que queda en el aire
¿Qué pasará ahora con los trabajadores que, hasta este dictamen, recibían complementos o pagos anticipados mientras estaban con licencia médica?
¿Qué ocurrirá con las corporaciones cuyos presupuestos —ya frágiles— deberán reordenarse para cumplir estrictamente la normativa?
Y, sobre todo:
¿qué significa que un dictamen aparentemente técnico abra un debate nacional sobre cómo se usan los recursos públicos en instituciones de carácter híbrido?
La historia recién comienza.
Y, por primera vez en mucho tiempo, las corporaciones municipales están bajo una lupa que no se moverá fácilmente.
