La Contraloría General de la República solicitó formalmente al Ejecutivo explicaciones por una publicación en redes oficiales que afirmaba que el Estado de Chile estaba “en quiebra”, desatando una nueva controversia política.
El requerimiento fue dirigido a la ministra vocera, Mara Sedini, a quien se le pidió detallar qué recursos públicos y personal fueron utilizados en la elaboración del contenido, además de explicar los fundamentos legales y técnicos detrás del mensaje difundido.
El organismo fiscalizador estableció un plazo de cinco días hábiles para entregar una respuesta, en el marco de sus atribuciones para supervisar el uso de recursos del Estado.
EL POSTEO QUE DESATÓ LA CONTROVERSIA
CRÍTICAS Y RECTIFICACIONES
La polémica se originó tras la difusión de un mensaje en redes sociales del Gobierno que señalaba que no se podían bajar los precios de los combustibles porque el país estaba “sin plata” y en “quiebra”, afirmación que posteriormente fue eliminada.
El contenido generó cuestionamientos inmediatos, ya que especialistas advirtieron que el concepto de “quiebra” no se ajusta a la realidad del Estado, al tratarse de una condición asociada a la imposibilidad de cumplir obligaciones financieras, escenario que no corresponde al caso chileno.
La controversia alcanzó incluso al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien tomó distancia del mensaje y afirmó que “jamás ocuparía una palabra como esa”, aunque reconoció que existe una situación fiscal compleja marcada por aumento de la deuda y estrechez de recursos.
ORIGEN DEL MENSAJE Y CONSECUENCIAS POLÍTICAS
Desde el entorno del Ejecutivo se indicó que el concepto utilizado en la publicación habría sido impulsado desde el denominado Segundo Piso de La Moneda, con el objetivo de reflejar la falta de recursos fiscales. Sin embargo, el contenido fue retirado tras generar ruido político y diferencias internas en el propio gobierno.
La intervención de la Contraloría abre un nuevo frente para el Ejecutivo, ya que no solo pone el foco en el contenido del mensaje, sino también en el uso de plataformas oficiales y recursos públicos para difundir información cuestionada.
El caso ahora queda bajo revisión del organismo fiscalizador, mientras el Gobierno deberá responder en un plazo acotado y enfrentar las repercusiones de una polémica que escaló desde redes sociales al ámbito institucional.
