Una vulnerabilidad extrema en los anillos de control quedó al descubierto tras un masivo operativo de auditoría en el extremo sur del país. Las autoridades manifestaron su máxima preocupación por el desresguardo de los perímetros, activando de inmediato las alertas a nivel central para determinar responsabilidades.
La inspección fue parte de un plan nacional que ha permitido fiscalizar 70 recintos penales en todo el país. La noche del sábado 30 de mayo, la Contraloría General de la República se constituyó sorpresivamente en cinco cárceles de la región, oficiando de urgencia a los ministerios de Seguridad Pública y de Justicia y Derechos Humanos.
El contralor regional de Aysén, Ricardo Hevia, encabezó el despliegue ejecutado sin aviso previo entre las 22:00 y las 02:30 horas en el Centro de Internación Provisoria y Centro de Régimen Cerrado de Coyhaique, además de otros complejos locales, para validar la seguridad y asistencia del personal.
Al ingresar, el equipo fiscalizador constató que el portón de acceso vehicular y peatonal estaba completamente abierto y con la barrera levantada. En la garita de control no se encontraba ningún funcionario de Gendarmería de Chile, una grave falla de seguridad que la Contraloría ya había objetado en marzo de 2025.
GRAVES INFRACCIONES LEGALES
El jefe operativo del IPIRC Coyhaique, suboficial Juan Carlos López Muñoz, suscribió la correspondiente Acta de Validación, ratificando en terreno que el acceso principal carecía de custodia y se encontraba abierto al momento del arribo de los inspectores.
La contralora general de la República, Dorothy Pérez Gutiérrez, firmó el respectivo documento oficial, exponiendo que la negligencia vulnera el artículo 43 de la ley N.º 20.084 y el decreto ley N.º 2.859, normativas que exigen a Gendarmería mantener una guardia armada de carácter externo permanente en recintos de menores.
Ante el peligro inminente, el ente regulador exigió un sumario administrativo inmediato y la aplicación de medidas correctivas. El operativo abarcó simultáneamente al Centro de Cumplimiento Penitenciario y la USEP en Coyhaique, además del CDP y el CET Valle Verde en Puerto Aysén.
ALCANCE GENERAL DEL CONTROL
La contralora general de la República, Dorothy Pérez Gutiérrez, recalcó que los hallazgos serán integrados formalmente en el Preinforme de Auditoría regional derivado de la mencionada fiscalización de la Contraloría Regional.
Esta ofensiva fiscalizadora busca frenar la lentitud en las sanciones internas. Para asegurar la probidad, la Contraloría ha retirado desde Gendarmería múltiples sumarios administrativos estancados por años, vinculados principalmente a fugas de reos y consumo de drogas dentro de las cárceles chilenas.
