La Contraloría General de la República (CGR) detectó múltiples irregularidades en la gestión y desarrollo del SIMCE 2024, tras auditar los recursos asignados a la Agencia de Calidad de Educación (ACE) para la realización de estas evaluaciones. Entre las principales observaciones, se identificaron multas no cobradas por más de $400 millones a proveedores que incumplieron los contratos establecidos.
El informe final N°329 de 2025 detalla que 142 examinadores aplicaron el SIMCE pese a no contar con la evidencia de cumplir los requisitos exigidos. Además, se detectaron subcontrataciones no informadas para la impresión de material, lo que vulneró las bases administrativas y generó multas impagas por más de $9 millones.
En paralelo, 45 cursos destinados a estudiantes con discapacidad sensorial (DS) carecieron de la presencia de examinadores certificados, sin que la ACE cobrara las correspondientes multas de $17,7 millones. Asimismo, 111 examinadores aplicaron pruebas a estudiantes con DS sin contar con los certificados requeridos, acumulando multas no cobradas por $43,8 millones.
La auditoría también reveló que en 699 cursos que requerían acompañantes para estudiantes con Necesidades Educativas Especiales, los proveedores no cumplieron con la obligación y la Agencia no efectuó cobros por un total de $276 millones. Se constataron además diferencias en los plazos de entrega del material de aplicación, con un ajuste pendiente de $16,3 millones que la CGR ordenó regularizar en un plazo de 60 días hábiles.
El informe advierte que la Agencia deberá instruir un procedimiento disciplinario para determinar posibles responsabilidades administrativas y comunicarlo a la Contraloría en un plazo de 15 días hábiles.
En cuanto a la presencialidad de los estudiantes, la CGR constató que 34.415 alumnos figuran en el sistema como presentes al menos un día, pero aparecen como ausentes en los registros de la Agencia, situación que impide la validación de sus resultados. Por ello, la ACE debe fortalecer los mecanismos de control y coordinación de la asistencia, y remitir la documentación que acredite estas medidas dentro de los 60 días hábiles establecidos.
Estas observaciones subrayan la necesidad de mejorar los controles internos de la Agencia de Calidad de Educación, para asegurar la transparencia en la ejecución de recursos y la correcta aplicación de las evaluaciones del SIMCE.
