
La Contraloría General de la República (CGR) reveló los resultados de su decimotercer Consolidado de Información Circularizada (CIC), en el que se examina el uso de 10.111 licencias médicas emitidas entre 2020 y 2022 por 44 médicos actualmente investigados penalmente por el Ministerio Público. El análisis permitió identificar que 3.532 funcionarios públicos presentaron licencias extendidas por estos profesionales.
El cruce de información entre el listado del Ministerio Público y las bases del Sistema de Información y Control de Personal de la Administración del Estado (SIAPER), entre otras fuentes, mostró que un 79 % de las licencias se asociaban a diagnósticos de salud mental, lo que representa 192.781 días de reposo autorizados. De las 6.632 personas que recibieron licencias del grupo de médicos investigados, más de la mitad aún se desempeñaba en funciones públicas al mes de junio de 2025.
El informe también identificó que 10 de los médicos indagados ejercieron en el sector público entre 2019 y 2024, y cinco de ellos lo hicieron sin contar con el Examen Único Nacional de Competencias Médicas (EUNACOM), exigencia legal para trabajar en el sistema de salud estatal. Todos los profesionales son de nacionalidad extranjera.
Según la CGR, los organismos donde trabajan actualmente los funcionarios involucrados deberán ser notificados para el inicio de sumarios administrativos, ya que la eventual responsabilidad disciplinaria no habría prescrito. Asimismo, los servicios que hayan contratado médicos sin EUNACOM deberán acreditar las razones que justificaron tales contrataciones. Las licencias se detectaron en instituciones como municipalidades, SLEP, Fuerzas Armadas, Gendarmería y otros servicios, tanto públicos como privados.