La trama de irregularidades que destapó la Contraloría General de la República (CGR) sobre el mal uso de licencias médicas alcanzó ahora al Ministerio Público que, a través de sus herramientas de control interno, detectó que 42 funcionarios con contrato vigente realizaron viajes al extranjero mientras se encontraban bajo periodos de reposo.
El informe del ente persecutor contempla revisiones desde 2022 a 2025. Durante esos cuatro años, la División de Contraloría Interna identificó a 10 fiscales y 32 funcionarios pertenecientes a otros estamentos, como administrativos, abogados asistentes, abogados asesores, técnicos y auxiliares.
Los casos se registran en once regiones del país, donde cada jurisdicción deberá establecer las medidas administrativas para esclarecer las presuntas irregularidades.
“La Fiscalía Nacional reafirma su compromiso con el control interno, la probidad institucional y el cumplimiento estricto de las obligaciones funcionarias en todo el país”, señalaron.
Eso sí, acorde a la auditoría, no se registraron funcionarios dependientes directamente de la Fiscalía Nacional que estén actualmente en funciones.
ANTECEDENTES DE LA CONTRALORÍA Y EFECTOS EN SERVICIOS NACIONALES
La revisión de la fiscalía se da luego de que Contraloría encendiera las alarmas en su noveno Consolidado de Información Circularizada (CIC) por 25.078 funcionarios públicos viajaron al extranjero durante licencias médicas entre 2023 y 2024.
Las indagatorias del organismo dirigido por Dorothy Pérez generaron una oleada de renuncias y sumarios administrativos en distintas reparticiones y servicios públicos.
En total son 777 instituciones involucradas; la Junta Nacional de Jardines Infantiles lidera el listado con 2.280 casos, la sigue la Fundación Integra con 1.934 casos y la Municipalidad de Arica con 719 casos.
Con el objetivo de ampliar la búsqueda de irregularidades, Contraloría se encuentra analizando los datos de Capredena y Dipreca, mientras que el Congreso también inició su propia indagatoria con abogados investigadores designados para revisar los datos de funcionarios y parlamentarios de ambas Cámaras.
